En próximas fechas, y entre otras diligencias que se acordarán en el marco de la instrucción, el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos.

Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció ayer su intención de que el consistorio se persone como acusación.

El Ministerio Público dirige su querella contra Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y contra su amigo y también empresario Alberto Luceño por los delitos de estafa, falsedad y blanqueo.

La Fiscalía asegura que los dos empresarios actuaron “de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, y llega a explicar que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares, cantidad que los querellados inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares, es decir, el 148% del precio real del producto.

Anticorrupción detalla en su escrito que la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, que aprovechó para concretar el acercamiento que era amigo de un familiar del alcalde de Madrid y que era una persona con relevancia pública.

A partir de ese primer contacto, la Administración municipal le habría facilitado el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid para que acordaran los detalles del contrato.

Los tres contratos investigados se suscribieron por un importe de 11 millones de euros de los que seis millones se fueron en comisiones para los dos empresarios que usaron ese dinero en la compra de vehículos de lujo, relojes de oro, una vivienda y un yate.