En un auto notificado este jueves, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

De este modo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de 21 investigados, entre ellos el exalto cargo de la Junta citado, varios directivos y representantes de las empresas que recibieron las ayudas (entre ellos tres hijos del fundador del Grupo), cinco “intrusos” y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter.

Asimismo, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros 16 investigados al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede en la presente causa”. Entre los investigados contra los que se archiva la causa se encuentran otros tres hijos del fundador del Grupo, un ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, o varios miembros del comité de empresa de dichas mercantiles.

En relación a estos últimos, el juez argumenta que, “sin perjuicio de que conocieran que las correspondientes pólizas de prejubilación iban a ser financiadas por la Consejería de Empleo de la Junta, lo cierto es que no consta con la solvencia necesaria que colaboraran de forma trascendente en el otorgamiento y pago de las ayudas objeto de auto; ayudas que habrían sido obtenidas, gestionadas y satisfechas a iniciativa y con la colaboración directa de los correspondientes directivos empresariales, asistidos de los mediadores/conseguidores”.

Además, el instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y un ex director general de la agencia IDEA, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”, siguiendo así el criterio “a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en distintos autos que confirman la exclusión de esta pieza de dichos exaltos cargos.