El paro ha sido convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Estas asociaciones han remitido una “comunicación de convocatoria de huelga indefinida” al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.

No suscriben este documento Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que ya anunciaron que comparten el “diagnóstico de la situación” de las otras asociaciones, aunque esperarán a ver si se encuentra una solución en la reunión prevista el 3 de mayo con el Ministerio de Hacienda para tratar la cuestión salarial.

“CATARATA” DE REFORMAS

A este respecto, en la comunicación de huelga, los convocantes justifican esta protesta por la “necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable” ante la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo desde 2009. A esto se suma la “cada día más compleja labor que implica el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal”.

“No podemos obviar”, afirman estos profesionales, “que asistimos, desde hace años, a un notorio aumento de la litigiosidad dimanante, entre otros factores, de una catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente las funciones por extensión, las cargas de trabajo de jueces y fiscales, lo que a su vez afecta de forma notoria a la salud laboral de jueces y fiscales”.

En cuanto a los servicios mínimos, los convocantes dicen que debe mantenerse un funcionamiento de los juzgados que permita “atender debidamente a los ciudadanos” en aspectos como los expedientes con presos o detenidos o las causas que tienen que ver con derechos fundamentales y medidas cautelarísimas.