Según la publicación oficial, “de conformidad con lo establecido” en la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a las clases pasivas del Estado y tras el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se declara la “jubilación forzosa por edad” del magistrado a partir del día 27 de marzo de 2022.

García Paredes fue el ponente de la sentencia que revocó el pasado mes de enero la decisión del juez de primera instancia que declaró ilegal el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, y consideró ajustado a Derecho su cese acordado por Grande-Marlaska.

Estima así el recurso que la Abogacía del Estado interpuso en representación del Ministerio del Interior contra la sentencia dictada el pasado marzo por el juez en contra de la decisión de Interior. En ese momento, la AN entendió que la destitución estaba amparada por la pérdida de confianza sobre el coronel al que el ministro había solicitado ciertas informaciones que se negó a facilitar.

La sentencia estimaba que esa destitución no produjo desviación de poder, puesto que el nombramiento de Pérez de los Cobos era discrecional y estaba sujeto a la decisión de la cúpula ministerial con arreglo a criterios de idoneidad y a la confianza que se deposite en él. Por tanto, la Audiencia Nacional entendió que la falta de confianza es un motivo válido para su cese, siempre que esté bien justificada.

El magistrado que ahora se jubila también formó parte del tribunal que rechazó el recurso que presentó la Asociación Europa Laica contra la Orden de 3 de febrero de 2014 del Ministerio del Interior por la que se concedió la medalla de oro al mérito policial, con carácter honorífico, a Nuestra Señora María Santísima del Amor. La decisión se tomó por tres votos a dos de los magistrados de la sección 5 de la Sala de lo Contencioso.

En este caso García Paredes se situó frente a la tesis de la mayoría, firmando un voto particular al entender que se tenía que haber anulado esta condecoración. Defendió en este caso que el espíritu de la ley por la que se dan este tipo de condecoraciones persigue recompensar comportamientos muy relevantes o trayectorias profesionales ejemplares de personas o grupos de personas, muchas veces anónimas que objetivamente se han hecho acreedoras de ellas.