La Ley de vivienda salió adelante en el pleno del Congreso -y se remitirá ahora al Senado- gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para desbloquear una de las grandes leyes de la legislatura que, además, se ha convertido en uno de los temas capitales en este año electoral.

No obstante, la aprobación de la norma ha necesitado de casi tres años de negociaciones. Desde que PSOE y Unidas Podemos incluyesen en su pacto de gobierno, a finales de 2019, que frenarían las “subidas abusivas del alquiler” a través de la determinación de zonas de mercado tensionado en las que se establecería un “índice de precios”, las diferencias entre ambos socios han venido postergando la aprobación final del texto.

Uno de los principales responsables de las negociaciones fue el exministro José Luis Ábalos, quien fue nombrado titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa como una de las personas de su máxima confianza. Su departamento sacó la ley a consulta pública en septiembre de 2020, pero no pudo fraguarse un acuerdo entre los socios en el Gobierno para llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros hasta octubre de 2021, ya con Ábalos fuera del Gobierno desde el mes de julio.

Durante la negociación, Ábalos defendió en público que los incentivos fiscales a propietarios, propuesta de su partido que también incorpora la norma, era una medida “mucho más efectiva” que la exigencia de Unidas Podemos de limitarlos, y recordaba que el 85% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios.

La norma fue aprobada definitivamente en el Consejo de Ministros en febrero de 2022, tras lo cual comenzó su trámite parlamentario. Este texto inicial contemplaba las bonificaciones fiscales defendidas por el PSOE y sólo contemplaba limitar las rentas de los contratos de grandes tenedores en las zonas tensionadas.

Tras 13 meses de negociaciones, el Gobierno alcanzó un acuerdo con ERC y EH Bildu para sacar adelante el texto. Finalmente, la norma incorpora controles a los contratos de alquiler de pequeños propietarios en zonas tensionadas. Estos deberán referenciar los nuevos contratos a la renta anterior -aplicando la subida interanual que corresponda con los nuevos topes establecidos- o, si se trata de inmuebles que salen por primera vez al mercado en cinco años, deberán referenciarse al índice al que se someterán los grandes tenedores.

SÁNCHEZ Y BELARRA NO LE MENCIONAN

En el debate del Pleno que aprobó la norma, la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, mostró sus agradecimientos por la Ley de Vivienda a los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu; a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; y a los equipos técnicos de su Ministerio, especialmente al secretario de Estado, David Lucas, uno de los principales autores de la norma. No obstante, no hizo mención alguna a su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos.

Por su parte, la líder de Podemos evitó mencionar a ningún político en su discurso y dio las gracias a colectivos como los activistas del Movimiento por la Vivienda Digna, los Sindicatos de Inquilinos, periodistas que han informado sobre desahucios, abogados, y representantes de la cultura que “lograron contar esta historia que se resistía a ser contada”.