A su juicio, España "puede y debe" beneficiarse del auge de Japón mediante la atracción de inversiones prodcedentes de aqel país, "que no sólo representan la creación de puestos de trabajo, unos 40.000 hasta la fecha, sino también la aportación de técnicas y modelos de gestión capaces de modernizar nuestro tejido industrial".

Actualmente, añadió, operan en España 170 empresas japonesas, sobre todo en los sectores financiero, de seguros y servicios, así como industrias transformadoras de metales, mecánicas de precisión y electrónica, con unas inversiones que alcanzaron los 36.000 millones de pesetas en 1990.

Del conunto de inversiones exteriores niponas, agregó, España atrae sólo un 0,3 por ciento, dinero que se reparte, sobre todo, entre Cataluña (34,8 por cien) y Madrid (29,2), lo que refleja una tendencia a la baja de las inversiones japonesas en España.

Esta circunstancia, continuó, debe movernos a la reflexión, ya que existen factores como el elevado coste del suelo, el escaso soporte tecnológico, los altos costes laborales, el absentismo y el excesivo intervencionismo de la legislación, por lo que los invesores nipones dudan de llevar su dinero a España.

Otros factores criticados por Piera, como obstáculos a "nuestro propio desarrollo industrial y económico", fueron "la deficiente infraestructura viaria y de telecomunicacones que tiene España y la incertidumbre fiscal, producto de una legislación con excesivas e imprevisibles variaciones".