El escrito presentado ante Garzón rechaza la Ley de Punto inal del Gobierno argentino que eximió al personal militar de responsabilidad penal en los crímenes y violaciones contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

IU y la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid consideran que, al igual que esta Ley de Punto Final y de Obediencia Debida no ha sido reconocida en otros países europeos por lo que afecta a sus súbditos, su validez también puede cuestionarse en España.

Ambas organizaciones mantienen que existe la posibilidad de juzgr en España a los militares argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo, piratería, detención ilegal seguida de desaparición y sustracción de menores.

Sobre este último delito, el escrito asegura que, al menos nueve niños, hijos y nietos de españoles, fueron secuestrados casi recién nacidos y se presume el nacimiento en cautividad de al menos otros dos. De todos ellos, tres han sido devueltos a sus familias de origen. Los restantes permanecen desaparecidos.