La enmienda a la totalidad elaborada con la colaboración del jurista y ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, presentada hoy en rueda de prensa por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, podría ser debatida el próximo 14 de diciembre, si mañana la Mesa no acuerda prorrogar el plazo de presentación de enmiendas.

La propuesta registrada por IU-ICV consta de 26 artículos y ocho disposiciones adicionales que pretenden constituir un instrumento de reparación colectiva y justicia con las víctimas del franquismo frente a un proyecto del Ejecutivo que considera "raquítico" y poco ambicioso.

Una de las propuestas es conceder a los miembros de la guerrilla antifranquista el carácter de militares retirados, "con los derechos y obligaciones inherentes" al mismo, lo que implica acceder a las distinciones que se determinen, al cobro de una pensión y al disfrute de los beneficios derivados de la asistencia sanitaria para los interesados y sus familiares.

Asimismo, IU quiere dar reconocimiento jurídico y carácter militar a todas las fuerzas armadas, cuerpos del orden público y cuerpo de carabineros de la República que se mantuvieron leales al Gobierno tras el alzamiento del 18 de julio y no fueron reconocidos en la ley de 1984.

En esta materia, la propuesta también "reconoce y rinde tributo al papel que los militares demócratas, en una época y momento singular de nuestras fuerzas armadas y sin parangón con su situación actual y normalidad político constitucional", constituyeron la organización llamada Unión Militar Democrática con el fin de "devolver la soberanía al pueblo español".

La propuesta de IU pretende "rendir tributo de honor y reconocimiento a cuantos han sido víctimas y han sufrido la violencia y la represión de la dictadura franquista y de la guerra civil", por lo que empieza por declarar el 18 de julio "día oficial de condena" al franquismo.

MEMORIA Y CULTURA

IU-ICV plantea una serie de iniciativas para configurar una política estatal de recuperación y fomento de la memoria y cultura democrática, que pasa por crear una red informatizada que permita a los ciudadanos disponer de una información completa sobre los represaliados del franquismo.

La formación liderada por Llamazares quiere que el Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las comunidades, adecúe los planes de estudio y los libros de texto para un tratamiento didáctico de la República como "referente de la cultura democrática".

Esta propuesta implica también la creación de espacios memoriales conmemorativos del antifranquismo, empezando por el Valle de los Caídos, que debe convertirse en "Centro Memorial de la Libertad", "Museo de la Represión" y sede del Instituto de la Memoria Democrática", encargado de desplegar las políticas públicas sobre esta materia.

Para ello, "el Gobierno impulsará con los familiares herederos del general Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera un acuerdo para trasladar los restos mortales a los panteones familiares que propongan, asumiendo el Estado los gastos originados".

IU propone, por otro lado, la creación de una Fiscalía Específica que persiga las vulneraciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo, así como la restitución de los bienes incautados y la devolución de la documentación y los archivos a las instituciones de todo el Estado que las reclamen.

El principal apartado de la alternativa de IU-ICV se refiere a la anulación de las sentencias del franquismo, una condición imprescindible para que la coalición apoye el proyecto pero en la que el Gobierno no quiere ceder por un principio de "seguridad jurídica".

NULIDAD DE SENTENCIAS

Llamazares quiere que se declaren nulas de pleno derecho las sentencias dictadas en Consejos de Guerra por motivos ideológicos y políticos, amparados en normas franquistas que instauraron los decretos sobre delitos de rebelión o de bandidaje y terrorismo.

Además, serían anuladas las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, así como las dictadas por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, y se borrarán en ambos casos las anotaciones que pudieran producir esos fallos.

Otro de los apartados de la propuesta de la coalición de izquierdas reclama la "prohibición expresa" de las menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o las personas vinculadas a la misma, para lo que reclama al Gobierno un censo completo para la supresión de los mismos.

IU quiere incluir en este censo las imágenes y símbolos que se mantienen en instituciones privadas y religiosas, especialmente los que percibem fondos o subvenciones públicas, y permitir a la Administración que intervenga en caso de que se nieguen a retirarlos.

Al mismo tiempo, pretende que el Gobierno elabore las direcrices oportunas para la "adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimientos relacionados con la guerra civil, la represión franquista y la lucha antifranquista".

EXHUMACIONES E INDEMNIZACIONES

La localización, exhumación e identificación de las fosas y enterramientos de las víctimas del franquismo debe ser, para este grupo, tarea de las administraciones públicas, para lo que el Gobierno debe habilitar cada año las partidas presupuestarias pertinentes.

También pide que se otorgue la nacionalidad española de origen a los descendientes del exilio y a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales, y que se indemnice a quienes sufrieron prisión bajo los supuestos contemplados en la ley de Amnistía de 1977.

Las cuantías que propone son de 6.012,12 euros en un solo pago a quienes hayan pasado de un día a 12 meses de privación de libertad, y otros 1.202,02 euros por cada seis meses adicionales en centros penitenciarios, batallones disciplinarios o campos de concentración.