Esta es una de las medidas propuestas hoy en rueda de prensa por el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, ante la crisis económica y financiera que afecta a los ciudadanos madrileños. Con ese fondo, el ayuntamiento pagaría los gastos jurídicos derivados de las declaraciones de insolvencia y mediaría ante el sector financiero para que los intereses por el alargamiento de los créditos no se carguen a las familias.

Según Milagros Hernández, responsable de Temas Sociales de IU, las declaraciones de insolvencia presentadas ante el juzgado mercantil de Madrid han crecido mucho debido a la crisis, y en la ciudad ya hay cerca de un millón de madrileños bajo el umbral de pobreza. Por ello, creen que este fondo debe de dotarse con el dinero suficiente para atender a las situaciones más desesperadas.

Pérez aprovechó para criticar con dureza al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por ayudar al sector financiero con 50.000 millones de euros, cuando dicen que está saneado, y, por el contrario, niegue a los ayuntamientos 7.000 millones de gastos en aspectos que no son competencia de las corporaciones locales, como la creación de escuelas infantiles y residencias de mayores, entre otros.

El portavoz de IU pidió que los 500 millones de gastos que ha realizado el ayuntamiento cuando debería haberlos hecho el Gobierno regional, otros 350 millones de la M-30 por ser una vía que utilizan no sólo los madrileños y la parte que corresponda al consistorio madrileño de esos 7.000 millones reclamados al Estado formen parte de ese "fondo de garantía familiar".

Para Pérez, cuando el Gobierno viene diciendo desde hace años que peligran las pensiones, que no se puede aumentar la cobertura por desempleo, que no se puede atender a todos los mayores ni hacer las escuelas infantiles necesarias, "pues ahora resulta que el dinero de los gobiernos que tendría que resolver el hambre es para cuatro sinvergüenzas, para cuatro señoritos, para cuatro degenerados de las finanzas que meten en el mundo una crisis sin precedentes y se la tenemos que pagar entre todos los demás".

Pérez también propuso que la subida salarial del 12% que supone para los altos cargos del ayuntamiento la actualización de incrementos que vienen de los Presupuestos Generales del Estado no se cobre, porque "ya estamos bien pagados en la situación actual", de manera que el propio alcalde encabece una suscripción para que ese dinero se destine a programas sociales, como la atención domiciliaria a los mayores.

Según IU, esta subida, que se consolida en 2009, supone unos 10.000 euros para cada uno de los 103 altos cargos municipales, lo que significaría 1.030.000 euros que se podrían destinar a la atención a mayores.

El portavoz de IU dejó claro que su grupo votará en contra de los presupuestos, en contra del argumento del Gobierno central de que hay que aprobar unos presupuestos y una política de recorte, porque, a su juicio, sólo favorecen al Ejecutivo de Zapatero y son los trabajadores los que pagan la crisis.

"Creemos que lo que hace el PSOE es un pacto contra los trabajadores, porque comparte la política económica del PP y las consecuencias sociales graves para la mayoría de la sociedad. Esto ya no es una pinza. Esto son los hermanos Pinzones con las tres carabelas y Cristóbal Colón, todos juntos y navegando por el proceloso mar de la crisis neoliberal", concluyó Pérez.

La responsable de Asuntos Sociales de IU también reclamó al Gobierno de Gallardón que cumpla las políticas ya comprometidas y acometa el plan de exclusión, el compromiso de la Ley de Dependencia sobre ayuda a domicilio y los planes de barrio. También reclamó un acuerdo de los tres partidos del ayuntamiento para pedir a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación "una solución inmediata" para el conjunto de la Ley de Dependencia.