En un comunicado, Izquierda Unida aseguró que "no le sorprende que la Fiscalía del Tribunal Supremo dé carpetazo" a las investigaciones sobre el rey Juan Carlos "y que renuncie a plantear una querella criminal por las actividades ilícitas que ha llevado a cabo de forma continuada", pero lamentó que está "reforzando así la imagen de impunidad que sobre determinadas personas y hechos se repite en España".

IU volvió a denunciar "que las instituciones judiciales y la Fiscalía han trabajado de forma opaca a la hora de abordar las responsabilidades penales del anterior jefe del Estado", y ello "a pesar de que se han acumulado innumerables pruebas e indicios sobre el carácter ilícito y penalmente relevante del proceder de Juan Carlos de Borbón".

En su opinión, "esta actuación desde las instancias judiciales y la Fiscalía responde exclusivamente al ánimo de proteger al rey emérito y a la institución monárquica", y "existen, además, fundadas sospechas de que Juan Carlos de Borbón pudo recibir información privilegiada sobre el inicio y evolución de dichas actuaciones, lo que habría utilizado para anularlas" mediante sus regularizaciones fiscales.

Según IU, las "supuestas investigaciones" de la Fiscalía "nunca tuvieron valor de investigación judicial en el procedimiento penal español al carecer tanto de capacidad para adoptar medidas personales (como) de capacidad para delimitar la labor que podrían realizar los juzgados y tribunales, y de valor de cosa juzgada". Ahora, concluye, "el archivo definitivo que realiza ahora la Fiscalía evidencia la pérdida de tiempo que han supuesto unas actuaciones que, en la práctica, sólo han servido para alcanzar la prescripción judicial".

Igualmente, la formación liderada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, critica que "no se hagan públicos los decretos de archivo de la Fiscalía ni sus actuaciones, se indique que están prescritos los delitos fiscales y otros que pudieran haberse cometido entre 2008 a 2011, y que respecto al de 2012 la propia Fiscalía se arrogue la capacidad de interpretar si le es aplicable a Juan Carlos de Borbón la inviolabilidad, sin que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional hayan realizado una interpretación al respecto".

Respecto a los presuntos delitos entre 2015 y 2018, que llevaron a las regularizaciones fiscales, IU lamenta que la Fiscalía "sin mayor trámite, las dé por buenas a pesar de haberse realizado solo después de que Juan Carlos de Borbón comprobara que la sociedad española era conocedora de sus actividades fraudulentas".

Al Tribunal Supremo, por su parte, le achaca que "ha permitido todo este tiempo que la actuación recayera exclusivamente sobre la Fiscalía, en unas diligencias opacas que han impedido la personación de acusación popular y no han delimitado de forma efectiva el plazo de prescripción de los delitos", mientras archivó sin investigación la querella presentada por IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas.