La resolución, aprobada por asentimiento, aboga por una "movilización amplia y contundente" en las calles junto a trabajadores, sindicatos y comités de empresa de toda España para construir un nuevo sistema económico.

Durante el debate de la resolución, la mayoría de los coordinadores regionales de IU coincidieron en la necesidad de convocar manifestaciones y protestas sociales ante el incremento del paro en los últimos meses, la proliferación de expedientes de regulación de empleo y las ayudas del Gobierno al sistema financiero y a las grandes empresas.

El coordinador general de IU en Aragón, Adolfo Barrena, fue el más explícito de todos al lanzar una "gran propuesta de movilización" que permita estar "codo con codo con trabajadores, mujeres, pensionistas, autónomos, pymes e inmigrantes".

Barrena subrayó que "la gente quiere que IU salga a la calle, grite y se movilice", mientras que el coordinador general de IU Andalucía, Diego Valderas, reclamó que IU sea la "vanguardia política" ante la posible convocatoria de una huelga general contra el Gobierno de Zapatero.

Por su parte, Cayo Lara, coordinador del G-14 que ha dirigido la coalición tras la Asamblea de noviembre, anunció la celebración en los próximos meses de 1.000 actos públicos en toda España para explicar a los ciudadanos las consecuencias de la crisis y ofrecer las soluciones de IU.

LAS MEDIDAS DE IU

La alternativa de IU incluye medidas a corto, medio y largo plazo y comienza pidiendo modificar los decretos del Gobierno de Zapatero contra la crisis, por considerar que son "un descarado trasvase, sin contrapartidas, de recursos públicos a manos del sector financiero".

A su juicio, sería posible movilizar unos 60.000 millones de euros mediante una "reinserción en la economía legal del dinero negro generado estos años" y se debería crear "un impuesto especial de solidaridad" para altos ingresos que superen en más de diez veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

IU propone un paquete de medidas sociales como denegar el ERE a las empresas que tuvieran beneficios en 2007, elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros, limitar el sueldo de ejecutivos de empresas cotizadas en Bolsa a 400.000 euros anuales, congelar todas las privatizaciones en curso e instaurar la jornada laboral de 35 horas antes de que finalice la legislatura.

En materia fiscal, aboga por elevar el tipo máximo del IRPF al 50%, recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, rebajar el sistema de módulos para las pymes y autónomos que facturen menos de 200.000 euros, subir el IVA para bienes de lujo y aumentar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las viviendas vacías.

La coalición de izquierdas advierte de que "será necesaria una movilización amplia y contundente" en la calle para alcanzar todas estas demandas, puesto que "no se conquistarán sólo tras unas cuantas rondas de negociaciones".

FRACASO DEL CAPITALISMO

El texto asegura que "el libre mercado ha mostrado con toda claridad que su eficacia se reduce a distribuir la pobreza, injusticia, diferencias sociales crecientes y guerra".

Por eso, apuesta por "la construcción del socialismo como el horizonte estratégico que sustenta la política antineoliberal y anticapitalista que hoy es necesaria" e identifica el futuro de IU con cualquier acción que "en nada tenga que ver con la refundación del capitalismo".

La coalición sostiene que la actual crisis exige "un nuevo modelo productivo" basado en varios ejes: centrarse en los problemas de las personas, luchar por las políticas redistributivas, proponer un modelo sostenible, elaborar un nuevo sistema financiero, introducir regulaciones estrictas de los organismos públicos y garantizar las políticas de bienestar.

Además, ratifica el sistema sanitario público, aboga por una educación pública y laica basada en principios científicos y humanistas, defiende la igualdad de los inmigrantes con el resto de los ciudadanos, promover una articulación federal del Estado y trabajar por las conquistas sociales.

Izquierda Unida considera que la respuesta a la crisis pasa por una mejora de las rentas salariales, pensiones y subsidios; la intervención pública en la banca; promocionar el alquiler en el sector de la vivienda; y controlar a las "instituciones usureras" que han potenciado el endeudamiento de las familias.

Asimismo, apuesta por la "movilización popular" como primer paso para instaurar un nuevo sistema en el que predomine el interés social sobre el beneficio privado, haya una reforma fiscal desde el principio de progresividad, fomentar el empleo público y eliminar las subcontratas y reconocer plenamente los derechos sociales básicos reconocidos en la Constitución.

El documento fue aprobado por asentimiento al término del Consejo Político de IU, que decidió trasladar a la nueva dirección federal el texto para ser retocado en ponencia con las incorporaciones planteadas por todas las personas que tomaron la palabra.

La reunión de IU terminó sobre las tres y media de la tarde, sin que tomaran la palabra todas las personas que lo habían solicitado. El motivo principal fue el mal tiempo, según explicó el moderador del debate, Willy Meyer, que propuso dar por finalizada la cita para que los integrantes del Consejo de IU pudiera regresar a sus casas con el menor riesgo posible de verse atrapados por el temporal de lluvia y nieve que afecta a España.