Lo hizo en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados cuando fue preguntada sobre si se plantea una modificación de la ley tras algunas rebajas de penas de agresores sexuales que se han decretado en los primeros días de aplicación.

En su respuesta, Irene Montero aseveró que la ‘Ley del sólo sí es sí’ “es una ley que permite proteger a todas las víctimas; que todas las mujeres, sin necesidad de poner denuncia, tengan una psicóloga especializada, acompañamiento de una trabajadora social para el acceso a todos sus derechos; o también asesoramiento jurídico gratuito”.

Del mismo modo, detalló que la norma permite que las muestras y las pruebas médicas que practican a las mujeres en un centro hospitalario “se puedan recoger sin necesidad de que la mujer tenga que decidir en ese momento si pone denuncia, y que se puedan conservar adecuadamente para el momento en que esa mujer decide poner la denuncia”.

Por todo ello, concluyó que “es una ley sólida”, y, tras compararla con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, propugnó que cuando hay “un cambio profundo en el Código Penal, al poner el consentimiento en el centro, siempre hay un periodo de transición”.

En referencia a la ley contra la violencia de género, recordó que en sus primeros años de aplicación hubo un 158% de aumento de sobreseimientos, que provocaron que las víctimas no recibieran “la adecuada protección del Estado”, y 187 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces, que “paralizaban los procesos de acceso a la justicia de las víctimas”.

Por todo ello, observó que “hoy, 18 años después, nadie duda de que esa ley, la 1/2004, está bien hecha y permite proteger eficazmente a las víctimas, y con la ‘Ley del sólo sí es sí’ va a pasar exactamente lo mismo”.

Por último, refirió que esta norma es “una ley integral, nos permite reforzar la detección precoz, la atención integral y la reparación a todas las víctimas de violencia sexuales, a las que denuncian, que son el 8%, y a las que no; y es una ley que en su respuesta penal es sólida”.