Según informó el Instituto Armado, siete personas fueron investigadas en el año 2024 como responsables de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (Artículos 325 del vigente Código Penal). En las inspecciones efectuadas en los centros de la provincia se observaron también diversas infracciones relacionadas con el almacenamiento y gestión de gases fluorados.

Asimismo, en algunos de los casos, carecían de certificados acreditativos de competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados. Por ello, se formularon un total de ocho denuncias, que fueron tramitadas a la autoridad competente.

En el marco de la 'Operación Avicat’ se comprobó la gestión de los gases fluorados utilizados en los sistemas de refrigeración de los vehículos a motor entregados para su baja, que se gestiona en este tipo de centros autorizados. La Benemérita detectó que los centros investigados emitieron 5.000 toneladas de dióxido de carbono de gases refrigerantes.

En las actas de inspección se detectaron presuntas infracciones administrativas e infracción penal en cinco de ellos, relacionado con la gestión de los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso, por lo que se iniciaron gestiones para el esclarecimiento de los hechos.

PERJUICIO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD

De los análisis y las inspecciones se desprendió que parte de estos centros “no efectúan una correcta gestión de los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso con el riesgo que supone la emisión a la atmósfera, que deriva en un perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales y, a través de éste, a la propia salud de las personas que puede ser calificado como grave”.

En las memorias medioambientales queda constatado que algunos de ellos, en los cuatro años investigados, presentan desfases entre la cantidad de gas declarado y de la que debería haber sido recuperada, y en otros casos directamente no demuestran la recuperación ni gestión de ninguna cantidad de gas de los fluidos de los sistemas de aire acondicionado.

Se estima que se tendrían que haber extraído entre 1.075 y 3.531 kilogramos de gas, lo que corresponde a una emisión que oscila entre las 1.486 y 4.998 toneladas de dióxido de carbono equivalente, con una valoración económica de 67.083 a 225.762 euros entre los cinco centros investigados.

AFECCIONES “GRAVES”

La inadecuada gestión de estos gases fluorados de efecto invernadero por su tipología y composición puede afectar gravemente a la capa de ozono y aumentar la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera, lo que “favorece el calentamiento global”, por lo que este tipo de emisiones son investigadas por el Seprona como presuntos delitos contra el medio ambiente.

La operación ‘Avicat’ ha sido desarrollada por el Seprona de Ávila, con apoyo de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección de la Naturaleza (Ucoma) y con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico en Ávila, así como de la Delegación Territorial de la Junta.

Esta operación se encuadra en la orden de Servicio Leocatcyl y en la operación ‘Keisah’, finalizada el pasado mes de noviembre, de gestión de gases y trazabilidad de estos.

Las diligencias se encuentran en los Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila y de Arenas de San Pedro y en la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.