Así se recoge en una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita formulada por una diputada del Grupo Mixto del Congreso, en la que pedía al Ejecutivo explicaciones sobre la modernización del servicio público de Correos.

En su respuesta, el Gobierno explica que las transformaciones que necesita el servicio postal público pasan por la implantació de unas estructuras productivas y de gestión más flexibles y un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones que permitan una más ágil y rápida adaptación al entorno cambiante.

Esto, según el Gobierno, debe hacerse garantizando simultáneamente unos índices de calidad adecuados en los servicios prestados y manteniendo un servicio universal, a la vez que se consigue una menor dependencia de Correos de los Presupuestos del Estado.

Para lograr todos estos fines, el Ejecutivo explica que se han niciado o se iniciarán próximamente actuaciones legales y reglamentarias y se adoptarán también medidas de tipo interno, como el plan estratégico de Correos y Telégrafos.

Según el Gobierno, las tres actuaciones básicas desde el punto de vista normativo son la Ley de abril de 1997 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), los nuevos estatutos de Correos y Telégrafos y la nueva Ley del Servicio Postal, que está en trámite parlamentario.

En relación con esa última, el Ejecutivo explica que el objetivo del plan estratégico, que tiene un horizonte de aplicación de 3 años (1998-2000), es adecuar al organismo para los retos del año 2000 y para afrontar con éxito la creciente competencia, y lograr el equilibrio financiero en el 2000.

El plan persigue también la paulatina reducción de la subvención de explotación que recibe Correos y Telégrafos del Estado, la orientación del servicio al mercado y al cliente y la adecuación de oficinas, su informatización y l automatización de los envíos postales. Para todo ello, están previstas unas inversiones superiores a los 55.000 millones hasta el 2000.