Un total de 47 procesados se sentarán en el banquillo, entre los que destacan el narcotraficante gallego Laureano Oubiña, el empresario Celso Barreiros, el estacado miembro de la "jet set" Carlos Goyanes y Manuel Charlín, jefe del "clan de los charlines", reconvertido del contrabando de tabaco al tráfico de estupefacientes.

Todos ellos se enfrentan a penas que sobrepasan los 700 años de cárcel y los 9.000 millones de pesetas de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contra la Hacienda Pública, por unas actividades delictivas que permitieron introducir en España decenas de miles de kilos de cocaína y hachís procedentes en su mayoría de Clombia y Marruecos, respectivamente.

La desarticulación de esta organización tuvo su origen en febrero de 1989, cuando Portabales fue detenido en Pontevedra en posesión de una pequeña cantidad de droga. Cinco meses más tarde, el narcotraficante compareció ante el juez Luciano Varela, que, ante las confesiones del "arrepentido", decidió remitir un informe a la Audiencia Nacional.

La investigación pasó entonces a manos del entonces titular del juzgado central número 5, Baltasar Garzón (ahora diputao del PSOE), que comenzó las detenciones en el verano de 1990.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del fiscal, Laureano Oubiña sería el gran "capo" de esta organización junto a su mujer, Ester Lago, para los que el ministerio público pide 22 y 16 años de prisión, respectivamente.

Ambos dirigían las operaciones, que en su mayoría corrían a cargo del "clan de los charlines". Posteriormente blanqueaban el dinero a través de la compra de divisas y la creación de sociedades anónimas, como "Abariño Bayón" o "Arosa suministros industriales", de las que eran principales accionistas.

Según el fiscal, la organización de Oubiña estaba en contacto con las redes internacionales del narcotráfico, entre ellas con el "cartel de Medellín".

Entre otras, la acusación destaca una entrevista mantenida por Oubiña, Manuel Charlín y Celso Barreiros con Fabio Ochoa, "el número dos" del cartel, en la que también participaron otros procesados, como José Manuel Padín, José Paz Carballo y Albino Paz.

l clan tuvo contactos asimismo coN el "cartel de Bogotá", en concreto con Alberto Vargas Vera, que se trasladó a Madrid "para gestionar y coordinar los envíos de cocaína", que introducían "los charlines" en los barcos de Barreiros.

Entre las operaciones más relevantes figuran además la entrada de 1.000 kilos de cocaína en enero de 1989 y las sucesivas entregas de cocaína desde 1981 por parte de una red panameña dirigida por el narcotraficante internacional José Ramón Matta Ballesteros.

La red de ubiña está implicada también en la introducción de dos alijos de hachís procedentes de Marruecos durante 1986, el primero de 2.000 kilos y el segundo de 5.000.

TRES MESES DE JUICIO

El tribunal, integrado por Francisco Castro Meije, Jerónimo Barnuevo y la magistrada ponente Angela Murillo, ha previsto que el juicio tendrá aproximadamente tres meses de duración, de los cuales el primero está reservado para el interrogatorio a los procesados, el segundo a la comparecencia de testigos y el tercero a la rueba pericial y documental, así como a los alegatos finales de las partes.

La Sala calcula que sólo la comparecencia de Portabales abarcará cerca de cuatro días en sendas sesiones, que se celebrarán de 10,30 a 13,30 horas por la mañana y de 17,00 a 20,00 horas por la tarde.

El segundo en declarar será el empresario Celso Barreiros, mientras que Oubiña lo hará en décimo lugar, Carlos Goyanes en undécimo, Manuel Charlín será el trigésimoséptimo en declarar y Ester Lago cerrará los interrogatorioslos procesados.

También serán de interés los testimonios de Manuel Fernández Padín, miembro del "clan de los charlines", que colaboró con Garzón en la desarticulación de la red, y el de Antonio Cebollero, miembro de otra de las redes, que controlaba Alfredo Cordero.

Frente a ellos y sus abogados se sentarán el teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga Javier Zaragoza, que participó en la investigaciones, y las acusaciones particulares en nombre de la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Vigo y adrid y la asociación antidroga Salaketa del País Vasco.

De los 52 procesados en principio, sólo 47 serán enjuiciados, ya que tres de ellos fallecieron y otros dos, el alemán Jorg Deininger y el holandés Antonius Adrianus Van der Tang, se encuentran en rebeldía.

Deininger fue otro de los detenidos clave en las investigaciones, ya que sus confesiones propiciaron la incautación de una tonelada de droga.