La Junta de Andalucía, encargadade gestionar el proceso de privatización, ha confeccionado ya el protocolo de intenciones que será presentado ante el grupo empresarial comprador para su firma, y que será sometido a votación por los trabajadores en estos días.

El documento recoge como fecha límite para finalizar el proceso el próximo 30 de septiembre, día en el que las cinco empresas que ya han mostrado interés por la fábrica deberán haber constituido una sociedad conjunta y haberla inscrito en el registro mercantil.

Según el prtocolo, los compradores se comprometerán a mantener a 517 trabajadores de la actual plantilla de Intelhorce, formada por 728 personas, quienes será indemnizados para incorporarse a la nueva sociedad sin cargas de antigüedad ni derechos consolidados.

El resto de trabajadores, hasta completar los 728, pasará a una situación de jubilación anticipada o se ha acogido voluntariamente a un proceso de bajas incentivadas con cargo a la Junta de Andalucía.

Los compromisos adquiridos por la sociedad compradra incluyen también la condición de que en un periodo de cinco años no se proceda a la enajenación de ninguno de los bienes de la fábrica, como garantía de su apuesta por el proyecto.

Los compradores deberán presentar además un proyecto empresarial y un plan financiero en el que se fijen los principales criterios de actuación que regirán la fábrica textil en los próximos años.

La Junta de Andalucía, que se compromete por su parte a apoyar la privatización mediante la aportación de ayudas a fondo erdido, ha defendido la creación de una comisión con representación de todas las partes que se encargue de vigilar el cumplimiento de las condiciones del protocolo de intenciones.

El director general de Industria de la Junta de Andalucía, Francisco Mencía, cerrará en las próximas semanas la negociación con las cinco empresas compradoras de Intelhorce, cuya identidad se desconoce hasta ahora para preservar el éxito de la operación.

En la actualidad, la plantilla acude a sus puestos de trabajo en l fábrica, que se encuentra en fase de liquidación y no soporta ya actividad alguna. Si bien, a principios de este verano los trabajadores consiguieron de la Dirección General de Patrimonio, accionista mayoritaria de Intelhorce, el compromiso de hacer frente a sus sueldos hasta el mes de septiempre, momento en el que se prevé que se agote el proceso de venta.