Llarena adopta esta decisión tras acordar el Tribunal Supremo (TS) no aplicar la ley de amnistía a los investigados por delito de malversación en la causa del ‘procès’ y mantener la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.

El Alto Tribunal considera que el delito de malversación no es amnistiable y mantiene activas sus órdenes nacionales de detención para todos ellos. Además, el Supremo eleva al Tribunal Constitucional una consulta para saber si el delito de desobediencia está amparado por la Ley de amnistía. En cambio, considera que el delito de desobediencia que se le imputa a Rovira podría estar amparado por la ley de perdón y levanta la orden de detención para ella.

El TS mantiene las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Comín y Puig y no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, lo que significa que el líder de ERC no podría presentarse a unas elecciones hasta 2031.