La vista contra Asunción, para quien el fiscal no presenta cargos aunque la acusación particular exige seis años de inhabilitación por un delito de prevaricación, secelebró hoy en la sección tercera de la Audiencia de Madrid, después de que el abogado del procesado, Javier Boix, pidiera al tribunal la anulación de la fase de instrucción y la consiguiente suspensión del juicio, solicitud que fue denegada.

La vista ya había sido aplazado el pasado mes de octubre después de que la Audiencia de Valladolid se declarara incompetente para enjuiciar los hechos, por entender que la orden de traslado se dio desde Madrid.

Asunción explicó hoy ante el tribunal que deciddó trasladar a Fernández Cerra porque el recinto de Villanubla iba a ser convertido en un recinto para mujeres y las autoridades estimaron que, por cuestiones de seguridad, era preferible desalojar los módulos "poco a poco, de forma discreta".

El secretario general de Instituciones Penitenciarios insistió en que nunca trató de obstruir la concesión del permiso, otorgado por la jueza de vigilancia penitenciaria Rosa María Rodríguez, y negó haber dado orden al director de la cárcel de Santander para queinstara al fiscal a que se opusiera a la confirmación del beneficio, que el preso disfrutó semanas más tarde.

A pesar de ello, manifestó a los medios de comunicación que la institución considera que el preso no era merecedor de los beneficios "porque en ningún momento mostró sus arrepentimiento" por el asesinato de los cinco abogados laboralistas de Madrid en 1977.

"Otra cosa es la resolución judicial por la que se encuentra en la calle, decisión que acatamos", añadió, al tiempo que aseguró que auque el hecho de sentarse en el banquillo le hacía pensar que el mundo "está al revés", no se había planteado la posibilidad de dimitir.

El procesado declaró que cuando ocurrieron los hechos denunciados, el ultra, que no asistió al juicio pese a encontrarse en libertad condicional desde el pasado mes de marzo, se encontraba a petición propia en el centro de observación de Madrid para que un equipo de tratamiento revisara su caso, ya que había solicitado su recalificación al tercer grado a lo que se opuieron los especialistas de la prisión de Valladolid.

Asunción comentó asimismo que no sabía "ni le preocupaba" que el preso tuviera permiso puesto que el traslado no evita la concesión del beneficio, cuya duración y fecha de entrada en vigor es acordada por la dirección de la cárcel con el consentimiento del propio recluso, salvo orden judicial.

La versión del acusado fue ratificada por los testigos, funcionarios de prisiones, que manifestaron que todo transcurrió en circunstancias normales, sin rregularidades.

El director de la prisión de Valladolid, Miguel Mateos Cuesta, subrayó incluso que Fernández Cerra, presentaba recursos de forma sistemática por cada concesión de permiso o recalificación denegada y, sin embargo, no presentó alegación alguna por el traslado al recinto de El Dueso.

Al comienzo del juicio, el abogado del procesado, Javier Boix, planteó una cuestión previa por la que solicitó la anulación de la fase de instrtucción del proceso, al cuestionar la imparacialidad objetiv del juez Francisco Salinero, que por circunstancias accidentales, se encargó de las diligencias previas como juez de vigilancia penitenciaria y posteriormente la causa recayó en su juzgado ordinario.

Boix indicó que esto motivó que Salinero se hiciera cargo de la instrucción cuando previamente, como juez de vigilanica penitenciaria, ya había atisbado indicios de criminalidad en la conducta de Asunción al que acusó de desacato a la autoridad.

El tribunal rechazó no obstante la solicitud por entener que la doble vertiente de juez no fue a la ley y que su actitud fue ajustada en todo momento a derecho siguiendo su "deso de indagar y ultimar la investigación".

El juicio se reanudó a primeras horas de la tarde con la presentación de los escritos de conclusiones definitivas de las partes.