En rueda de prensa, la portavoz de esta organización Nuria Vives señaló que "nos enfrentamos a un reforma que agudiza a un modelo injusto e ineficaz, sin una oposición política fuerte que cuestione este modelo y con una opinión pública en la que ha calado el discurso demagógico". "Tenemos, como sociedad, el reto de impulsar y exigir alternativas, y de sensibilizar a la opinión pública ante una contradicción flagrante con la universaldiad de los derechos humanos", añadió.

Vives calificó de "falso" el argumento del Gobierno de que la nueva reforma acabe con la inmigración irregular y fomente la regular, y subrayó que actualmente hay en España unos 600.000 inmigrantes en situación irregular, "la cifra más alta que ha habido nunca", al tiempo que recordó que 9 de cada 10 extrajeros que actualmente están en situación regular se han encontrado en alguna ocasión en situación irregular.

LISTA PASAJEROS

Por su parte, el también portavoz de SOS Racismo Diego Lorente cuestionó algunos contenidos del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, entre ellos, el obligar a las compañías de transportes a facilitar las listas de sus pasajeros, "lo que es totalmente desproporcionado, además de traspasar a estas empresas la responsabilidad de control de fronteras".

Además, Lorent criticó duramente que los ayuntamientos estén obligados a facilitar datos de la población inmigrante irregular a través del empadronamiento, ya que muchas personas en situación administrativa irregular no se empadronarán y se verán privados de su derecho a la sanidad pública y otros servicios sociales.

"Esta reforma supone la vulneración del dercho a la salud (entre otros) para los afectados; la vulneración de la autonomía de los ayuntamientos y de la ley de protección de datos", recalcó Lorente.

Por otro lado, Lorente tachó de "fraude jurídico" que el Gobierno incluya en la reforma de la Ley de Extranjería los artículos del reglamento que la desarrollan y que fueron cuestionados por el Tribunal Supremo. "La reforma supone el no acatamiento de esa sentencia", remarcó.

En cuanto a conceder al visado la consideración de permiso de trabajo y residencia, Lorente dijo que esta medida "supone bloquear el régimen general como sistema para regularizar a aquellos inmigrantes que ya están aquí y que cuntan con una oferta de empleo".

Otras cuestiones criticadas por Lorente fueron el impedir a un inmigrante reagrupado poder reagrupar a otro familiar si no cuenta con recursos económicos, las restricciones a la regularización por arraigo o por causas humanitarias y la expulsión de inmigrantes irregulares cuando comenten delitos para los que la justicia prevé penas inferiores a seis años.

Finalmente, Lorente preguntó al Ejecutivo qué piensa hacer con los 600.000 inmigrantes irregulares que hay en Epaña actualmente y dónde están las políticas de integración anunciadas hace un año con el programa GRECO.

"No es haciendo aún más difícil la vida de las personas en situación irregular como se favorece la inmigración regular, sino abriendo vías reales y eficaces de entrada y de regularización que en estos momentos no existen", concluyó.