En un comunicado difundido por este ministerio se afirma que "de la sentencia se deriva la "inexistencia jurídica de las directrices citadas a partir del 23 de diciembre de 1994". Como consecuencia de ello, las ayudas poteriores a esa fecha "debidamente basadas en previas decisiones de la Comisión Europea aprobatoria de regímenes o programas de ayudas de Estado (Incentivos regionales, programas horizontales como el PATI y el PITMA, etc), no les afectan ya restricciones y el control previo derivado de las extintas directrices comunitarias sobre ayudas a la automoción".

Con este posicionamiento, el ministerio de Industria pretende dejar claro que "aunque la sentencia no nos da la razón integramente, si nos la da en lo sencial", según ha manifestado a Servimedia un portavoz de dicho ministerio.

Según estas fuentes, la respuesta favorable afectaría directamente a las ayudas a Seat, que consistirían en un crédito del ICO de 30.000 millones de pesetas, a lo que se añadirían 8.000 millones de la Generalitat de Cataluña, destinados estos últimos a "formación y reciclaje del personal".

El Miniserio que dirige Juan Manuel Eguiagaray concluye el comunicado poniendo de manifiesto que, a pesar de que esta sentencia haríaposible la concesión de ayudas como la de Seat sin el visto bueno de la Comisión, el máximo órgano ejecutivo de la UE pretende impedirlo al "regular de manera transitoria y retroactiva la situación a partir del 23 de diciembre".

La Comisión pretende solicitar a los estados miembros "que se abstengan de toda decisión unilateral a raiz de la sentencia, invocando al efecto el deber de cooperación entre aquellos y la Comisión".

Precisamnete, esta cuestión será analizada próximamente por la Comisión "n cooperación con los Estados miembros y de forma multilateral".