Las empresas que reciban estas subvenciones deberán comprometerse a una reducción de jornada mínima del del 10 por ciento para un número de trabajadores determinado según el tamaño de la empresa, y con una duración mínima de dos años, según la orden publicada este viernes en el BOE.

El plan, que tiene una dotación de diez millones de euros, afectará únicamente a personas trabajadoras con contrato indefinido a tiempo completo. La orden establece que el recorte de jornada “en ningún caso afectará a las retribuciones salariales” que correspondiesen al 100 % de la jornada laboral.

La medida, que se abrirá en convocatoria a principios del año que viene, según precisa el ministerio, deberá afectar a un porcentaje mínima de la plantilla, que oscilará entre al menos el 30% de los empleados en las empresas de hasta 20 trabajadores y el 25% en los centros de trabajo de entre 21 y 249 personas.

La orden adjudica a la Fundación EOI la canalización de las ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, con un baremo de puntuaciones.

Según la orden, que entrará este sábado en vigor, el límite máximo subvencionable para gastos de personal afectado por la reducción de la jornada laboral será de 150.000 euros, para el primer año de aplicación del proyecto. Por costes de formación se darán ayudas de hasta el 100%.

Podrán acogerse a las ayudas las pymes industriales con una antigüedad mínimo en este negocio de tres años, y deberán tener su principal centro operativo de trabajo en España.

La ministra Reyes Maroto aseguró este viernes en un comunicado que “con la puesta en marcha de este programa piloto, cumplimos con el compromiso de ofrecer a las pymes una nueva forma de organizar sus jornadas laborales aplicando reducciones del tiempo de trabajo manteniendo los salarios y mejorando sus resultados empresariales. Animo a las empresas y trabajadores a que aprovechen este programa”. La ministra ha asegurado que el Gobierno estudiará darle más recorrido al proyecto si esta prueba resulta exitosa.