En esta nueva metodología del INE para elaborar la referencia se considera el IPC, el Índice de Precios de Consumo subyacente (IPCS) y la diferencia entre las tasas de crecimiento anual de ambos índices. Además, también se incluye un parámetro, definido a propuesta de la Dirección General de Política Económica, que guarda relación con el crecimiento esperado a largo plazo de este índice.

Asimismo, también se aplica un coeficiente moderador, definido a propuesta conjunta de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que tiene en consideración las circunstancias del mercado del alquiler.

Este índice de referencia se utiliza como límite para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda y es el mínimo valor entre la tasa de variación anual del ÍPC, la tasa de variación anual del IPC subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, elaborada según lo previsto en la metodología aprobada.

Así pues, mientras que los alquileres firmados antes a la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda se actualizarán respecto al IPC (2,8%), las viviendas firmadas después de la aplicación subirán un 2,28%.