Así lo afirmó en declaraciones a Servimedia la secretaria general de Inclusión, Mónica Martínez, tras participar en un seminario sobre los resultados del proyecto de Empleo Personalizado para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, impulsado por su departamento y desarrollado por Plena inclusión España.

Según Martínez, esta colaboración ”forma parte del Plan Integral de Accesibilidad” que lanzó el Ministerio para reducir las brechas de cobertura en esta prestación “y llegar a aquellos colectivos más vulnerables donde sabemos que muchos beneficiarios potenciales” aún no la han solicitado.

“El ámbito de la discapacidad es una de nuestras grandes líneas de trabajo”, y aseguró que “estamos trabajando estrechamente con Ceacog", dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, "para ver cómo desarrollar contenidos en lectura fácil”.

El objetivo es lograr que “toda la información resulte más accesible, desarrollando por ejemplo formularios más sencillos, e impulsar “reflexiones sobre cómo mejorar” el diseño del IMV en general para acercarlo a las personas con discapacidad.

EMPLEO PERSONALIZADO

Martínez alabó los resultados del proyecto de Empleo Personalizado, impulsado por el Ministerio dentro de los 32 itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se llevó a cabo en 12 comunidades autónomas y Ceuta, con la participación de 44 organizaciones miembros de Plena inclusión España.

A su juicio, la metodología de Empleo Personalizado ofrece dos componentes novedosos: “mayor intensidad de acompañamiento y apoyo en un momento crítico como es la búsqueda de empleo”, que se traduce en “un extra de tiempo de trabajo social que permite esa personalización”; y una “mayor intensidad en el acompañamiento”, gracias a la que es posible “esa mayor empatía a la hora de escuchar y averiguar cuáles son las habilidades e intereses de la persona y qué necesita” de cara a la inserción. “Porque muchas veces, son las propias personas afectadas quienes mejor saben sus habilidades y lo que requieren para trabajar”.

En el proyecto participaron 512 personas con discapacidad intelectual , y se apreció un incremento del 73% en las horas trabajadas a la semana y del 45% en los contratos formalizados para el grupo que se sometió a esta metodología.

'STARTUPS' DE LO SOCIAL

En opinión de Martínez, este éxito demuestra la relevancia de “la colaboración entre las administraciones públicas y el Tercer Sector”. “En España tenemos la suerte de contar con unas entidades del Tercer Sector muy bien organizadas y con una gran experiencia”, valoró.

“Es cierto que estas muchas veces suplen” demandas que el sector público debería atender y a las que no llega, admitió, y esto “no debería ser así”. Sin embargo, defendió que, incluso si desde las administraciones se llegara a todo, estas organizaciones “cumplen una función clave que deben seguir desarrollando”.

En su opinión, desempeñan una importante labor como “motor de innovación y de cercanía a los colectivos más vulnerables”, puesto que “cuentan con una agilidad y con una flexibilidad para adoptar innovaciones que las administraciones públicas no tenemos”.

Si las administraciones fuesen “grandes empresas ya asentadas, podemos ver a estas entidades como las 'startups' de la innovación social", declaró.

INVERSIÓN, NO GASTO

Buena prueba de ello son los 32 proyectos desplegados a partir del IMV, que fueron evaluados mediante una metodología de ensayos aleatorios y cuyos resultados y aprendizajes se presentaron recientemente en Bruselas. “La experiencia y las evidencias generadas a partir de la evaluación son tan fuertes que este modelo está despertando gran interés a nivel de la Unión Europea”, declaró Martínez.

Señaló que hace un mes, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicholas Schmit, “mostró gran interés” y apuntó al “Fondo Social europeo como fuente natural de financiación clave para seguir escalando y desarrollando estos proyectos piloto”, una vez los fondos Next Generation terminen.

Según Martínez, "esperamos que al FSE puedan acudir no solo el Ministerio de Inclusión, que lo haremos, sino también las comunidades autónomas y las propias organizaciones sociales”.

Manifestó su confianza en que los buenos resultados obtenidos en estos 32 proyectos “sirvan para que las políticas de inclusión sean consideradas como inversión en las decisiones de gasto público”. “Es una reflexión a futuro que queremos promover en muy distintos ámbitos”, indicó Martínez.

“Desde la Secretaría de Inclusión hemos participado en un grupo informal sobre inversión social en la UE”. “Hemos puesto sobre la mesa una evidencia muy firme, y ojalá que sirva para promover la reflexión en este sentido”, concluyó.