En un comunicado difundido hoy, Greenpeace rebate las declaraciones aparecidas en los últimos días en diferentes medios de comunicación, en las que tanto el director general de Icona, Santiago Marraco, como el ministro de Agricultura, Vicente Albero, achacaban los incendios a negligencias de excursionistas y a un presunto incremento de la asa forestal.

Según Ricardo Aguilar, portavoz de la organización ecologista, tan sólo un 13 por ciento de los fuegos se deben a negligencias y un 4 por ciento a pirómanos, mientras que el resto, en su mayoría, corresponden a incendios intencionados (38%) o a causas desconocidas (44%), que en su mayor parte también se presumen intencionados.

Aguilar afirmó que esos datos son corroborados por los del Ministerio de Agricultura, que indican un descenso en los incendios por negligencias y un aumento e los intencionados. "Esta es la herencia de una política forestal errónea y continuista desarrollada durante los últimos 50 años", señaló.

Agregó que la intencionalidad de los incendios ha sido repetidamente relacionada a los intereses económicos de algunas industrias o a actos de venganza, como demuestra que en numerosas ocasiones los árboles sólo sufren daños en su corteza, pudiendo ser su interior utilizado para la fabricación de papel y de productos madereros.

La organización ecologista achac esos incendios a la política forestal desarrollada en las últimas décadas, en la que ha primado los monocultivos de especies como el eucalipto y el pino, que arden con mayor facilidad.

Desde 1961, más de 2 millones dehectáreas han ardido en España. Asimismo, desde 1983 hasta hoy, la superficie quemada ha sobrepasado a la repoblada, afirma.

Asimismo, señala que las inversiones han ido encaminadas preferentemente a la creación de grandes masas forestales uniformes de especies exóticas, relegando aun segundo plano a los árboles autóctonos.

También critica el descuidado estado que sufren nuestros bosques, junto a la disminución de retenes y medidas encaminadas a la prevención de incendios, por lo que, a su juicio, debería haber una mayor inversión económica para tareas preventivas.

Finalmente, Greenpeace exije que la información que la administración dé a la opinión pública sea seria y rigurosa, sin ocultar datos que provocan confusión y desinformación.