Ibarretxe prometió ayer en San Sebastián durante la presentación de su candidatura a la "lehendakaritza" que celebrará una "consulta democrática" en el País Vasco a lo largo de la próxima legislatura para que los ciudadanos puedan "decidir" el futuro político de esta comunidad.

El Congreso de los Diputados está tramitando ahora mismo una reforma del Código Penal con el objeto de eliminar la pena de cárcel para quien convoque un referéndum como el anunciado por Ibarretxe. Sin embargo, es "más que probable" que no se apruebe antes del verano, según afirmaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

El Partido Popular está tratando de retrasar los plazos parlamentarios para despenalizar la convocatoria de un referéndum ilegal y, para ello, ya ha solicitado en cuatro ocasiones la ampliación del plazo de enmiendas. Finalmente, ha registrado una enmienda a la totalidad para que la ley se quede como está e Ibarretxe vaya a la cárcel si celebra una consulta en el País Vasco.

En la enmienda, a la que tuvo acceso Servimedia, el PP defiende que el incumplimiento de las decisiones judiciales, toda vez que es plenamente previsible que el Tribunal Constitucional declarase ilegal la convocatoria del referéndum en el País Vasco, debe tener una regulación "más adecuada" que la que proponen el resto de los grupos.

El PP pide que "la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, europeas, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum (...) será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años" al de la anterior pena.

Además, solicita una pena de uno a tres años para quienes, sin realizar una convocatoria como las mencionadas, promueva o asegure el proceso de celebración de las mismas. El PP es el único partido que quiere mantener la ley en vigor, ya que el resto de los grupos parlamentarios del Congreso consensuaron despenalizar la convocatoria de un referéndum ilegal.

VARIOS MESES DE TRAMITACION

Los plazos de la reforma pueden prolongarse durante varios meses, ya que debe debatirse en comisión, aprobarse posteriormente en el Pleno del Congreso y remitirse a continuación al Senado para que repita el mismo trámite.

Las fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia explicaron que el Pleno de la Cámara Baja debe debatir primero la enmienda a la totalidad antes de enviar la reforma a la Comisión de Justicia. Allí debe constituirse una ponencia que estudiará la modificación legislativa y que la expondrá antes de su votación en comisión.

Suponiendo que la mayoría imponga su criterio y se rechacen las enmiendas parciales presentadas por el PP, el Pleno del Congreso tendrá que votar de nuevo la reforma antes de enviarla al Senado para su debate en la Cámara Alta. Todo este trámite puede requerir, en el caso más breve, un mes y medio. Es decir, con Semana Santa de por medio, la reforma nunca se aprobaría antes de las elecciones vascas del 17 de abril.

En el Senado, tendrá que repetirse el mismo proceso aunque el reparto de escaños hace que la situación sea bien distinta. El PP está a cuatro senadores de la mayoría absoluta, por lo que tiene opciones de ganar alguna votación en el caso de que falten cinco representantes del resto de los partidos, como ya ha ocurrido en alguna ocasión durante la legislatura.

VETO EN EL SENADO

El Partido Popular tiene previsto presentar propuesta de veto para que la reforma del Código Penal sea devuelta al Congreso, lo que exigirá celebración de un debate en el Pleno del Senado. Si no prospera, planteará enmiendas parciales en comisión para seguir retrasando la tramitación.

Tras el debate en comisión, la reforma tendrá que volver al Pleno para su aprobación definitiva. El calendario de sesiones del Senado, que se reduce a un par de plenos al mes, provocará que el proceso se relantice y dilate con probabilidad hasta el mes de junio.

Si finalmente no se introdujeran enmiendas en el Senado, la reforma entraría en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero si el PP consigue su objetivo, la iniciativa debería regresar al Congreso para su ratificación.

En cualquier caso, el PP asume que se despenalizará la convocatoria ilegal de referéndum pero se los dirigentes populares se dan por satisfechos con retrasar el mayor tiempo posible la anulación de la pena. Las fuentes consultadas por Servimedia sostienen que difícilmente se aprobará antes de que llegue el verano, a mediados de junio.