El texto, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, establece que las compañías afectadas por este impuesto deben hacer frente al pago anticipado del tributo entre el 1 y el 20 de febrero, es decir, a partir de este miércoles. Sin embargo, dicho plazo se estrechará, al menos, dos días más, hasta el 3 de febrero, aunque podría demorarse hasta la próxima semana.

El problema reside en que la orden ministerial que aprueba los modelos de declaración de ambos gravámenes –el 796 para grandes energéticas y el 798 para entidades bancarias– no ha finalizado su tramitación y, por tanto, no se ha aprobado de forma definitiva. En otras palabras, aunque los impuestos ya estén en vigor, los formularios para satisfacerlos no.

Esto se debe a que todavía falta un paso para culminar la tramitación de la orden: que el Consejo de Estado emita su dictamen preceptivo y no vinculante. El texto entró en el órgano consultivo el pasado 18 de enero, cuando el Gobierno activó el procedimiento de urgencia, dando así a la institución un máximo de 15 días para deliberar y compartir su postura respecto a la orden ministerial, frente a los dos meses habituales.

Sin embargo, el Ejecutivo ha errado en sus cálculos, ya que la Comisión Permanente del Consejo de Estado tiene previsto agotar los plazos y emitir su informe preceptivo este jueves 2 de febrero, el último día en el que lo podía hacer. Cumplirá así con el mandato del Gobierno, pero no con su pretensión. Todo ello, a pesar de que Hacienda cuenta con mecanismos para reducir los tiempos del Consejo de Estado para emitir dictámenes.

PUBLICACIÓN EN EL BOE

Una vez que el Consejo de Estado remita su informe preceptivo al Ministerio de Hacienda, la cartera de María Jesús Montero podrá aprobar de forma definitiva los modelos de declaración de los impuestos temporales a las entidades bancarias y las grandes energéticas, pero su entrada en vigor dependerá de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aquí entran en juego los trámites habituales del BOE. La idea de Hacienda es publicar los modelos lo antes posible y subsanar este error con la mayor celeridad posible, pero el papeleo del diario oficial del Estado podría retrasar su entrada en vigor hasta el sábado 4 de febrero o el lunes 6 de febrero.

A pesar del estrechamiento de los tiempos, el Gobierno no ha decidido todavía si extenderá más allá del 20 de febrero el plazo para presentar el pago anticipado y esperará al devenir de los hechos antes de tomar ninguna decisión.

3.500 MILLONES

Con estos impuestos, el Gobierno estima una recaudación anual de 3.500 millones de euros: 2.000 millones procedentes de las energéticas y 1.500 millones de la banca.

Cabe recordar que todas las entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros como resultado de sumar su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) y sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deberán pagar el 4,8% de los ingresos satisfechos por ese concepto.

En el caso de las energéticas, tendrán la obligación de pagar el nuevo tributo aquellas compañías que registrasen una cifra de negocio por encima de los 1.000 millones de euros en 2019 y ese concepto se gravará con un 1,2%.

BATALLA JUDICIAL

Estos impuestos no han caído bien en los sectores afectados. Bankinter ha sido la primera compañía en afirmar con claridad que recurrirá el impuesto "al día siguiente" de pagarlo al considerar que es "injusto, arbitrario, confiscatorio", en palabras de su consejera delegada, María Dolores Dancausa. La cifra de impacto para esta entidad oscila entre 80 y 100 millones en cada ejercicio de aplicación, lo que le supone alrededor del 15% del beneficio neto de 2022, según indicó Dancausa la pasada semana con motivo de la presentación de resultados anuales de 2022 del banco, que además superaron las cifras prepandemia.

Por su parte, Banco Sabadell y BBVA, que también han dado a conocer sus beneficios anuales y superan los previos a la pandemia, han cifrado el impacto de estos gravámenes en 170 y 250 millones, respectivamente.

El resto de los grandes bancos presentará sus resultados a partir del primer día del plazo para hacer el pago anticipado. Primero lo hará este jueves el Banco Santander, que calculó un impacto global en la capacidad para prestar de 50.000 millones. Y culminará este viernes CaixaBank, que ha estimado el coste del gravamen entre 400 y 450 millones en 2023.