El texto, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, establece que las compañías afectadas por este impuesto deben hacer frente al pago anticipado del tributo entre el 1 y el 20 de febrero, es decir, a partir de este miércoles. Sin embargo, dicho plazo se ha estrechado hasta el 4 de febrero.

El problema residía en que la orden ministerial que aprueba los modelos de declaración de ambos gravámenes –el 796 para grandes energéticas y el 798 para entidades bancarias– no había finalizado su tramitación para el 1 de febrero y, por tanto, no se había aprobado de forma definitiva. En otras palabras, aunque los impuestos ya estuviesen en vigor, los formularios para satisfacerlos no.

La aprobación definitiva de los modelos de declaración estaba pendiente de completar su último paso: recibir el dictamen preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado. El texto entró en el órgano consultivo el pasado 18 de enero, cuando el Gobierno activó el procedimiento de urgencia, dando así a la institución un máximo de 15 días para deliberar y compartir su postura respecto a la orden ministerial, frente a los dos meses habituales.

Sin embargo, el Ejecutivo erró en sus cálculos, ya que la Comisión Permanente del Consejo de Estado agotó los plazos y emitió su informe preceptivo este jueves 2 de febrero, el último día en el que lo podía hacer. Cumplió así con el mandato del Gobierno, pero no con su pretensión. Todo ello, a pesar de que Hacienda contaba con mecanismos para reducir los tiempos del Consejo de Estado para emitir dictámenes.

PUBLICACIÓN EN EL BOE

El Consejo de Estado remitió ayer por la tarde su informe preceptivo al Ministerio de Hacienda y allanó el camino para que el Gobierno aprobase de forma definitiva los modelos y, por consecuencia, iniciase el plazo para que banca y energéticas paguen los nuevos impuestos temporales.

La cartera de María Jesús Montero no perdió ni un segundo y hoy mismo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que aprueba de forma definitiva los modelos de declaración de los impuestos temporales a las entidades bancarias y las grandes energéticas. El texto entra en vigor al día siguiente de su divulgación, por lo que el plazo para pagar este gravamen no empezará hasta el sábado.

A pesar del estrechamiento de los tiempos, la orden ministerial no introduce ninguna extensión del plazo, por lo que banca y grandes energéticas tendrán que satisfacer el impuesto en los próximos 16 días.

3.500 MILLONES

Con estos impuestos, el Gobierno estima una recaudación anual de 3.500 millones de euros: 2.000 millones procedentes de las energéticas y 1.500 millones de la banca.

Cabe recordar que todas las entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros como resultado de sumar su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) y sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deberán pagar el 4,8% de los ingresos satisfechos por ese concepto.

En el caso de las energéticas, tendrán la obligación de pagar el nuevo tributo aquellas compañías que registrasen una cifra de negocio por encima de los 1.000 millones de euros en 2019 y ese concepto se gravará con un 1,2%.

BATALLA JUDICIAL

Estos impuestos no han caído bien en los sectores afectados. Bankinter ha sido la primera compañía en afirmar con claridad que recurrirá el impuesto "al día siguiente" de pagarlo al considerar que es "injusto, arbitrario, confiscatorio", en palabras de su consejera delegada, María Dolores Dancausa.

La cifra de impacto para esta entidad oscila entre 80 y 100 millones en cada ejercicio de aplicación, lo que le supone alrededor del 15% del beneficio neto de 2022, según indicó Dancausa la pasada semana con motivo de la presentación de resultados anuales de 2022 del banco, que además superaron las cifras prepandemia.

Por su parte, Banco Sabadell y BBVA, que también han dado a conocer sus beneficios anuales –y superan los previos a la pandemia– han cifrado el impacto de estos gravámenes en 170 y 250 millones, respectivamente. El Santander, que ganó 9.605 millones en 2022, estima el impacto del gravamen en 230 millones.