La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo que en la nómina de octubre se abonará el correspondiente al periodo enero-septiembre, y en noviembre y diciembre la retribución de los dos últimos meses del año. La medida tendrá un coste de 791 millones de euros, con una media de incremento de 180 euros en la nómina anual.

Montero explicó en la rueda de prensa que esta mejora retributiva es para el conjunto de los funcionarios del Estado, adicional adicional al 2,5% aplicado a principios de este año y que se ejecuta después de que se cumpliera una cláusula acordada con los sindicatos. En concreto, el 'Acuerdo marco para una administración del siglo XXI' establecía que los 3,5 millones de empleados públicos recibirían una remuneración extra si el Índice de Precios Armonizados (IPCA) de septiembre subía más de un 6% con respecto a enero de 2022.

El INE confirmó la semana pasada que este nivel se ha superado con creces –salvo que se produzca una revisión sin precedentes dentro de dos semanas–, por lo que, inmediatamente después, la cartera dirigida por María Jesús Montero, a través de la secretaría de Estado de Función Pública, ratificó a los sindicatos que se cumplían las condiciones para llevar a cabo esta subida salarial.

Los sindicatos mostraron durante las últimas semanas sus dudas sobre si se iba a poder cumplir el acuerdo de que la subida se viera reflejada en la nómina de octubre.

Sin embargo, ahora que se ha aprobado en Consejo de Ministros, solo queda su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para concluir su tramitación administrativa. Ese será el último paso antes de que los empleados públicos vean reflejado el incremento salarial en sus nóminas.

La titular de Hacienda remarcó que esta subida no requiere ningún cambio normativo, porque ya estaba contemplada como posibilidad en los Presupuestos en función de la evolución del IPCA.

Desde su Ministerio recordaron las distintas subidas salariales practicadas desde 2020. La senda de mejoras culminará en el año 2024, cuando "el Gobierno cumplirá con lo recogido en ese acuerdo en el ámbito salarial". Entonces, se producirá una actualización de retribuciones del 2% de manera fija y se fijará un 0,5% opcional que estará vinculado al IPCA, tal y como ha sucedido ahora.

Para entonces, el alza total en el periodo 2022-2024 habrá superado el 8%, pudiendo alcanzar el 9,5% en esos años, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización puede alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida.