GUIA PP. PRIVATIZAR TELEFONICA PRODUJO 375.000 MILLONES PARA REDUCIR DEUDA PUBLICA

- Los consejos de administración de empresas públicas fueron elegidos "primando el criteriode profesionalidad"

- Entre mayo del 96 y abril del 97 bajo en 200 el número de altos cargos en consejos de administración de empresas públicas

- Se entregaron "de forma inmediata" los `papeles del Cesid' cuando los pidió el Tribunal Supremo

MADRID
SERVIMEDIA

La guía de 500 páginas titulada "El Gobierno de Aznar cumple. Balance de tres años y medio de Gobierno", entregada ayer por el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, a los parlamentarios del PP para que debatan con a oposición, incluye diversas ideas-fuerza referidas a la privatización de empresas públicas, terrorismo, justicia y corrupción.

En el texto, al que ha tenido acceso Servimedia, se afirma que la privatización de Telefónica por Real Decreto de 10 de enero del 97 "se lleva a cabo con éxito" y que produjo 375.000 millones de beneficio destinado "a reducir el volumen de deuda pública".

El "argumentario", como lo denominan Cascos y el secretario general del PP, Javier Arenas, presenta en cada página ua confrontación en tres cuadros: los compromisos del programa electoral del PP en 1996, los que contrajo José María Aznar en el Debate de Investidura, y lo que finalmente se ha hecho.

"Los miembros de los consejos de administración de empresas públicas han sido seleccionador primando el criterio de profesionalidad. El número de altos cargos puestos en los consejos de administración de empresas públicas se ha reducido de 484 (abril de 1996) a 287 (mayo de 1997)", se dice respecto a la promesa de profesonalizar los consejos.

El texto señala también que el programa del PP abogaba por las privatizaciones, en general, como un método de difusión de la propiedad", siempre bajo la consideración de los intereses nacionales. En consecuencia, el Gobierno ha establecido a lo largo de estos tres años "un mecanismo de control para garantizar la defensa del interés público".

La guía recuerda que en la página 61 del programa se decía que "el PP, más pendiente de trabajar en solucionar los problemas de los cidadanos que en favorecer el control político, adoptará las medidas que fomenten el desarrollo del sector de telecomunicaciones y la pluralidad de la oferta".

Tres años y medio después, el texto elaborado por Alvarez Cascos resalta como un logro básico el tercer operador de telefonía básica, y la Ley de Retransmisiónes deportivas que dió lugar a la `guerra digital'.

DEFENSA DE LA LEY DE RETRANSMISIONES

Bajo el epígrafe "Radiodifusión y TV", se resaltan las medidas legislativas para la creación d la radio digital o el Real decreto 1388/97 que aprobó un incremento en el número de frecuencias de radio modulada.

El Apartado III se titula "Fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones. En su apartado 4.1 "Los medios audioviosuales", se recuerda lo que decía el programa del PP del 96 en su página 134 para "evitar la cristalización de posiciones dominantes en el mercado audiovisual".

A este respecto, se resalta que la polémica ley de retransmisiones deportivas "garantiza el derecho a la nformación y la libertad de empresa".

CLAUSULA DE CONCIENCIA

En cuanto a contenidos, la guía recuerda que, en esa misma página 134 del programa, el PP se comprometió a "la más plena y eficaz garantía de los valores constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información" en los medios de comunicación públicos.

En la casilla de enfrente, la guía proporciona a los diputados y senadores del PP cuatro reformas: la ley de retransmisiones antes citada, la Ley Orgánica 2/97 por la qe se regula la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, el Real Decreto por el que se regula el incremento de frecuencias FM, y REal Decreto 2393/96 por el que se regulan los servicios mínimos en RTVE.

Además, se recuerda que el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de la Presidencia a renovar los contratos de prestación de servicios con la agencia EFE.

SE "POTENCIA" AJURIA-ENEA

"El Gobierno cumple, preserva y potencia los Pactos de Ajuria-Enea, Pamplona y Madri". Con esta idea-fuerza comienza el apartado "Doblegar el desafío terrorista". En él se recoge como un logro el "reforzamiento de las relaciones entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco", además de la cooperación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la `Ertzantza'.

"En la estrategia global de lucha contra el terrorismo, se mantiene la política de dispersión penitenciaria y una política individualizada en aproximación de presos (de ETA) a establecimientos cercanos al País vascos", se dice e la guía.

A continuación se hace una enumeración de leyes, como la de ayuda a las víctimas del terrorismo, o la que permite la videovigilancia en las calles vascas para identificar a los participantes en actos de vandalismo callejero.

También se incluye la difusión del vídeo "El rostro de ETA" a través de las embajadas de España en Europa e Hispanoamérica, principalmente, para "concienciar a los creadores de opinión extranjeros".

FRENO A LOS JUECES-POLITICOS

Por otro lado, el apartado "La usticia: Poder independiente y servicio eficaz" recoge todas las reformas legales que se han aprobado por las Cortes o están en trámite de aprobación. El texto no habla de la polémica sobre los sueldos de los jueces. Sólo se menciona la equiparación de los sueldos de magistrados del Tribunal Supremo a los del Tribunal Constitucional.

Entre las reformas legales, destacan todos los decretos de creación de nuevos juzgados, que en los últimos tres años ronde el medio millar, según datos ofrecidos recienteente por el Ministerio de Justicia.

Además, la guía entregada esta mañana a los diputados y senadores por Alvarez Cascos y el secretario general del PP, Javier Arenas, recuerda que, en defensa del compromiso del programa electoral del 96 de garantizar la independencia judicial, se ha establecido una excedencia forzosa de tres años para los jueces que quieran volver de la política a la judicatura. Se evita así casos como los protagonizados por los jueces Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño durante l pasada legislatura.

ENTREGA "INMEDIATA" DE LOS PAPELES DEL CESID

En respuesta al compromiso electoral de medidas para "superar el deterioro institucional", la guía recuerda que el Consejo de Ministros del 7 de febrero del 97 "atiende de forma inmediata" la petición de los llamados 'papeles del Cesid', que el Tribunal Supremo incorporó al sumario del 'caso GAL'.

Respecto a la corrupción, el "argumentario" elaborado por el vicepresidente primero del Gobierno recuerda la modificación de la Ley reuladora de las Bases de Régimen local para endurecer la contratación de personal de confianza que no sea funcionario.

También se resalta la reforma de la Ley de Contratos del Estado para introducir el concepto de "precio total", que evite el pago de comisiones en dinero negro. Como medida colateral, se ha reformado el papel previo de la Intervención general del Estado en el desembolso de dinero sobre los contratos públicos.

SE FAVORECE EL CONTROL AL GOBIERNO

El Gobierno, según este documento, eidencia una voluntad de "revitalizar el Parlamento y garantizar la transparencia de la actividad política" desde el principio porque antes de 49 días desde la toma de posesión, todos los ministros comparecieron ante el Congreso para explicar sus planes.

Con datos, el Ejecutivo recuerda que José María Aznar ha respondido a 118 preguntas en sesiones de control en el Congreso, durante lo que llevamos de legislatura. Los ministros han respondido 1.166 preguntas orales en la Cámara baja y 584 en el Senado. Alvarez Cascos incluye en su documento también la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, el 5 de octubre del 98, de un crédito extraordinario por valor de 14.500 millones de pesetas para adquirir dos edificios anexos al Congreso. Además, se menciona la intención de reformar el Reglamento de la Cámara Baja para que sea "menos formalista, favoreciendo las posiciones de control sobre el Ejecutivo".

(SERVIMEDIA)
11 Nov 1999
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