Se trata de la primera vez que se somete a una evaluación ambiental estratégica este tipo de planes, que establecen la hoja de ruta para gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares del país.

Transición señala que la decisión que finalmente se adopte requiere necesariamente de un alto grado de consenso social, político e institucional, además de una buena valoración técnica y un marco de participación pública.

El PGRR contempla el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pmniec) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.

También establece el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.

Por otro lado, incluye la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento.

Sigue también abierta la posibilidad de la puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado y los residuos de alta actividad o, alternativamente, de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares.

Por último, establece el almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacén Geológico Profundo (AGP); así como la continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales.