Este programa persigue mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad, la habitabilidad o la conservación del parque edificatorio.

Al ser una convocatoria en concurrencia competitiva, sólo resultarán elegidas las propuestas que mayor puntuación alcancen según su calidad, solidez, enfoque integral, innovación, oportunidad y gobernanza, hasta agotar el presupuesto.

Para contribuir a los objetivos finales del Plan de Recuperación, las actuaciones finalmente financiadas con cargo a esta línea deberán ser solventes técnica y financieramente. Además, deberán estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes del cuarto trimestre de 2024.

En esta primera se ha registrado una participación muy repartida por todo el territorio, con un elevado peso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que han presentado el 74% de las solicitudes de ayuda, seguidos de la categoría formada por las diputaciones, los cabildos, los consells y los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Por su parte, los municipios de más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia están detrás del 11% de las propuestas recibidas.

En este sentido, las subvenciones se han pedido, principalmente, para actuar sobre edificios destinados a usos culturales (30,6% de los proyectos) y de servicio público y administrativo (40,8%), como comisarías de policía, ayuntamientos, registros públicos, oficinas de turismo, etc.

El resto de las solicitudes recogen proyectos de mejora para centros deportivos, educativos, sanitarios o asistenciales, como colegios, polideportivos residencias o consultorios médicos.

Además, un elevado porcentaje de propuestas apuestan por rehabilitar un edificio público en desuso para dotarle de una nueva funcionalidad, necesaria para la localidad, generando un impacto positivo en su entorno y aportando un valor añadido. Una vez finalizadas las obras de rehabilitación, las edificaciones deben estar destinadas a uso público durante los próximos 20 años.