Así lo han señalado a Servimedia fuentes solventes próximas al futuro operador, cuyo primer paso será la concesión de una licencia antes de fin de año al Ente Público Retevisión que le habilite a dar toda clase de servicios de telecomunicaciones. El propio ministro ha declarado que dicha concesión se hará mediante un real decreto, en el que trabajan ya los técnicos de a Dirección General de Telecomunicaciones.

Las mismas fuentes han señalado que la licencia es esencial para que las conversaciones que mantienen con Retevisión varios grupos financieros y empresariales, interesados en el proyecto, cobren naturaleza de negociaciones, ya que el objetivo del MOPTMA es que el año que viene pase a manos privadas hasta un 50% de Operadora de Telecomunicaciones S.A. (Optel), la sociedad del Ente Público, en torno a la cual se articulará toda la operación.

Junto con la lcencia, Retevisión traspasará a Optel casi el 100% de sus activos, con un valor superior a los 60.000 millones de pesetas, que cobraría la futura operadora, junto con el valor asociado a la concesión de la licencia, que es muy superior. Las inversiones iniciales que se calculan para el futuro operador se cifran en torno a los 150.000 millones de pesetas.

Sobre estos dos parámetros se apoya el plan de privatización del MOPTMA, con el que José Borrell busca el doble objetivo de consolidar un mercado en ompetencia de las telecomunicaciones a partir de la plena liberalización del sector y, de paso, aportar al Tesoro, con la privatización, miles de millones que permitan reducir el déficit público.

Retevisión mantiene desde antes del verano conversaciones con grupos financieros, como el Central Hispano, Santander o Caja de Madrid, y con otros industriales, como Endesa, cuyos responsables han cobrado especial interés por la operación, además de con experimentados grupos de telecomunicaciones internacionaes como BT, Bell South y Cable & Wireless, entre otros.

La decisión de proceder a la privatización mediante una oferta pública de venta (OPV) como la última empleada para vender el 12% de Telefónica, o si se opta por una venta directa a los futuros socios, aún no está tomada, y es probable que Retevisión convoque un concurso para contratar a una consultora externa que asesore al Ente Público en toda la operación, de forma parecida a como lo ha hecho con McKinsey para elaborar su plan estratégico.

Una segunda fase de la privatización se dejaría para 1997, procediendo a nuevas ventas de acciones por parte del Estado, paralelas a las inversiones millonarias que el nuevo grupo de telecomunicaciones deberá acometer, con el fin de llegar al 1 de enero de 1998 con una presencia testimonial del sector público y en condiciones de empezar a ofrecer servicios en competencia con Telefónica.