El Consejo de Ministros inició este martes los trámites para la demolición del hotel ‘ilegal de El Algarrobico con la adopción de la declaración pública de los terrenos y bienes situados dentro del dominio público marítimo-terrestre como paso previo a su expropiación, demolición -que costeará el Gobierno con siete millones de euros- y recuperación de ese paraje natural.

La declaración de utilidad pública es un primer paso al que seguirá un acuerdo urgente de ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición del hotel, construido sobre terrenos no urbanizables en el término municipal de Carboneras.

Una parte del edificio está fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre, por lo que, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, instó este martes a la Junta de Andalucía a adoptar “las actuaciones que le tocan” para que se lleve a cabo “el derribo total del Algarrobico”, cuya construcción se inició en 2003.

La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, respondió que el Gobierno ya rechazó la expropiación de los terrenos en 2009 (con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente) y también el año pasado (con Pedro Sánchez en La Moncloa), y apostó por la nulidad de la licencia de obras, ya que expropiar la finca podría ser objeto de recursos judiciales y la empresa Azata es propietaria del hotel ilegal.

‘DÉJÀ VU’

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, indicó este miércoles, en una entrevista concedida a Servimedia, que este asunto es “un 'déjà vu'” y que “permanecer estáticos es probablemente peor que tomar iniciativas”.

Morán reconoció que “la seguridad jurídica preside la actuación de las administraciones y cualquier ciudadano que se considere afectado o concernido puede defender sus derechos”.

“Pero lo que es evidente es que el estatismo en el que hemos estado esperando a que se ejecutaran las sentencias durante este tiempo, el resultado que ha dado es, sencillamente, una dilación todavía mayor en el tiempo. Hay que ser proactivos, no podemos permanecer en ese sentido como espectadores de un proceso en el cual las administraciones tenemos nuestra responsabilidad”, añadió.

Morán explicó que el expediente del hotel de El Algarrobico es “histórico” y “de los que en este país parece que forma parte de la vida diaria de varias generaciones” porque está precedido de “una sucesión de decisiones judiciales, todas encaminadas en la misma dirección, que es la de devolver el espacio a sus condiciones naturales previas a la construcción de ese edificio, pero, invariablemente, todas esas decisiones judiciales han quedado varadas en el camino sin que se llegasen a ejecutar”.

Después de años de litigios, Morán indicó que el Gobierno ha decidido que “no puede seguir sosteniéndose una ficción en la cual un edificio que no tiene absolutamente ninguna expectativa de ser legalizado en el futuro, sino exactamente lo contrario, en estos momentos se está convirtiendo en una especie de icono de la incapacidad de las administraciones para resolver situaciones tan llamativas”.

Entonces, el Ejecutivo se planteó recuperar la idea de hace cerca de 20 años de expropiar el suelo ubicado dentro del dominio público marítimo-terrestre. “En aquel momento se había desechado aquella posibilidad porque los procedimientos judiciales estaban en una fase inicial y no se sabía muy bien en qué iban a desembocar en esos momentos. Yo creo que esto ya está consolidado”, recordó Morán.

“IMPULSAR LA ACCIÓN”

El secretario de Estado de Medio Ambiente indicó que el Gobierno interviene jurídicamente en cerca de un 40% del terreno, que es de competencia estatal, para “impulsar la acción” de la Junta de Andalucía sobre el territorio restante.

“Hablar de plazos en un expediente como este, que tiene 20 años ya de recorrido, puede resultar a veces arriesgado, pero suponemos o tenemos que suponer que, a estas alturas, con las decisiones judiciales adoptadas, ya consolidadas, no debería de producirse acontecimientos inesperados que vayan a dilatar el proceso”, comentó Morán.

A este respecto, vaticinó que el derribo podría producirse dentro de cinco meses, como ha comentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “si todo va siguiendo los plazos administrativos razonables”.