El acto contó con la firma, por parte de la Generalitat Valenciana, del conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y tuvo lugar en presencia del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

El acuerdo se enmarca dentro del Plan de Viviendas para Alquiler Asequible del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y certifica “un nuevo paso de este Gobierno en la promoción del alquiler asequible y en la consecución y materialización del derecho a una vivienda digna, según ha manifestado la ministra en su intervención posterior”.

La promoción se financiará con el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, Mitma ha transferido ya a la Comunidad Valenciana 54,1 millones de euros, y está prevista una transferencia adicional del mismo importe a principios del año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

La Generalitat ejecutará esta actuación a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, titular de las parcelas en las que se ejecutan las actuaciones objeto de financiación.

Las parcelas, que se dividen en tres lotes que pueden adjudicarse de manera independiente, están ubicadas en los municipios de Alicante, El Campello, Sant Joan, Sant Vicent Raspeig, Gandía, Silla, y Valencia.

Además, el Mitma apuntó que en los próximos meses se prevé que pueda acordarse la financiación a través de este mismo programa de unas 1.100 viviendas adicionales en la Comunidad Valenciana.

Las viviendas financiadas bajo este marco podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social. Así, estarán destinadas a arrendatarios que no superen 4,5 veces el Iprem -2.605 euros mensuales- y contarán con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas.

Las viviendas financiadas con recursos del Plan de Recuperación deberán estar terminadas antes del 30 de junio de 2026 y lograr un consumo de energía primaria no renovable al menos un 20% inferior a los valores marcados por el Código Técnico de la Edificación.