“Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país”, zanjó en dos momentos la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre este asunto.

Rodríguez sostuvo que el referéndum es una parte de la “agenda política” de ERC pero se trata de un hecho “inconstitucional” y que no va a tener lugar.

Además, la ministra defendió los pasos “eficaces” que ha tomado el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para con Cataluña, con decisiones de “valentía” que han hecho que la situación política en esta comunidad fuera el “segundo problema” en 2017 para el conjunto de los españoles y que ahora esté por detrás de la “preocupación número 40”.

La portavoz aludió en varios momentos a esa percepción de cambio en la sociedad catalana en los últimos años hasta el punto que aseguró que, "desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, en Cataluña se cumple la ley, se cumple la Constitución", y se ha "recobrado la concordia y la convivencia".

Desde el Palacio de la Moncloa, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que "el tiempo nos está dando la razón" con la forma de actuar en Cataluña y, de ahí, "la confianza en que esos hechos no se van a producir".

En este camino sitúa el Ejecutivo la reforma del Código Penal que modifica los delitos de sedición y malversación y que está siendo un gesto "eficaz" al objetivo defendido por el Gobierno y el presidente de, por un lado, lograr una "homologación" con otras legislaciones europeas y, por otro, el de endurecer la corrupción, creando "nuevo tipos que se observan en el desempeño político", como el caso del incremento injustificado de patrimonio.

La ministra de Política Territorial defendió que éste era un "objetivo" desde el comienzo de la legislatura y que podía "ser arriesgado", pero compartió que el Gobierno puede "presumir" de haber "avanzado mucho" y de haber "recuperado la normalidad en Cataluña.

De hecho, fuentes de la coalición ensalzaron lo mucho que están "arriesgando" tanto el PSOE como ERC para llevar adelante este posición conjunta de reforma del Código Penal y de circunscribir en el ámbito político todo el asunto catalán.

Aunque se le preguntó en varios momentos por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la ministra manchega defendió la "posición del Gobierno" que radica en "ofrecer soluciones" donde hay un "problema".

Aprovechó para recordar las crisis que ha afrontado el Ejecutivo y atacó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por dedicarse a "hablar de elecciones" con tal de no abordar los datos económicos que sitúan a España con la tase de inflación más baja de la zona euro.

Así, criticó que desde el PP solo hay "ruido e insulto" y alertó de que "uno empieza cuestionando la legitimidad de un Gobierno en un país democrático y termina brindado con quién llama tirano al presidente del Gobierno".

En el Gobierno se aferran a que "todo" este tema de Cataluña no está "en las preocupaciones de los ciudadanos" y que, a la vez, la ciudadanía están entendiendo que se trata de un tema de desinflamación que está dando resultados.

Por eso, en La Moncloa restan importancia a las palabras de Page en las que admitió que está "dolido" por la reforma del Código Penal y que "nos tomen por tontos" en "un momento grave para la política española", porque admiten que no son las primeras ni serán las últimas en las que el presidente manchego se muestre crítico.