ARCHIVO

EL GOBIERNO DEVUELVE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS EN LA GUERRA CIVIL A LA GENERALITAT CATALANA Y A PARTICULARES

- Fernández de la Vega dice que la unidad archivística del país está garantizada

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo de Ministros aprobó hoy un proyecto de ley por el que se devuelven a la Generalitat catalana y a los ciudadanos particulares de todo el Estado los documentos que les fueron requisados durante la Guerra Civil y que están depositados en el Archivo de Salamanca.

Por lo que se refiere a Cataluña, el proyecto afectará a los documentos incautados a la Generalitat y al Parlamento autonómico, pero deja fuera los que fueron arrebatados a los ayuntamientos de esta comunidad.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que han sido excluidos los municipios en virtud de la aplicación del criterio de "ponderación" que aconsejó la comisión de expertos entre la valoración simbólica de la restitución y el mantenimiento de la unidad archivística.

Ante la denuncia de las autoridades castellanoleonesas y de algunos historiadores de que la restitución de los papeles a Cataluña romperá la unidad en la conservación documental del Estado, la vicepresidenta se mostró en desacuerdo.

"A través de la ley, queda garantizada la integridad de los fondos documentales y no hay ningún riesgo de fragmentación del Archivo de la Guerra Civil", aseguró la portavoz del Ejecutivo, quien dijo que el proceso seguido ha sido respetuoso con la ley y da cumplimiento a una moción parlamentaria aprobada en mayo del año pasado.

La portavoz del Ejecutivo explicó que el proyecto afecta a sólo un 3 por ciento del total de fondos y de todos ellos permanecerá una copia en Salamanca, que tendrá carácter legal de "auténtica".

En cuanto a la devolución de textos a particulares, estos tendrán que solicitarlo al Gobierno o, en el caso de los catalanes, a una comisión mixta que crearán los Ejecutivos central y autonómico antes de dos meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Los documentos pertenecientes a la Generalitat serán entregados en tres meses a partir también de la entrada en funcionamiento de la norma tras su visto bueno por el Parlamento.

El proyecto prevé asimismo la creación ya anunciada en Salamanca del Centro de la Memoria Histórica, que tendrá lugar en un año desde la entrada en vigor de la ley. Este organismo, que tendrá gestión y titularidad estatal, tendrá una inversión plurianual de 11,2 millones de euros.

Fernández de la Vega manifestó que el centro será un gran proyecto que permitirá mantener vivo el recuerdo de una época "trágica" para España y de los "horrores" que vivieron miles de ciudadanos.

(SERVIMEDIA)
15 Abr 2005
JRN