La devolución del patrimonio sindical histórico se inició en 1986 con la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Histórico, de 8 de enero de 1986.

Sin embargo, 20 años después de esa fecha el proceso no estaba terminado debido fundamentalmente a "la dificultad que las organizaciones sindicales encontraban a la hora de probar la titularidad sobre los bienes y derechos reclamados", según explican desde el Gobierno.

Por ese motivo, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto Ley en octubre de 2005, con una doble finalidad: establecer como fecha final de presentación de solicitudes el 31 de enero de 2006 y adaptar el ámbito de aplicación de la ley a lo que fue el modelo de acción sindical en los años 30.

Tras la entrada en vigor de la citada norma, el Consejo de Ministros ha ido aprobando acuerdos de devolución a distintas centrales sindicales, que culminan con el aprobado hoy.