Fuentes de Transición Ecológica consultadas por Servimedia, explicaron también que el Ministerio está estudiando la sentencia del Tribunal Supremo publicada hoy que anula dicha financiación en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.

El bono social es una prestación destinada a proteger a los consumidores vulnerables, consistente en aplicar un descuento en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual.

En otros países de la Unión Europea prevén que ese coste se financie con cargo a sus presupuestos generales, pero España optó desde un principio por hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.

Ya en dos ocasiones anteriores el Supremo consideró que el mecanismo de financiación establecido por la legislación española resultaba contrario al derecho de la Unión Europea. El sistema de financiación anulado ahora estaba regulado por el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, que imponía su coste a “las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario”, lo que implicaba imputar el 94% del coste de financiación a las empresas comercializadoras.

Este sistema de financiación, como los dos anteriores, ha vuelto a ser considerado contrario al derecho de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal Supremo que acaban de conocerse.