La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la decisión del Tribunal de Garantías es “importante” y profundiza en “la fiscalidad justa” que pretende el Ejecutivo. En este sentido, señaló que, "para tener un país más cohesionado socialmente se precisa, de una política fiscal justa”.

Por ello, mostró su deseo de “seguir trabajando” en esta línea y reafirmó así lo recogido en el acuerdo programático entre PSOE y Sumar, que señala que ambos partidos evaluarán los resultados de este impuesto una vez decaiga en 2024, con el objetivo de “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

Cabe recordar que la Comunidad de Madrid no es la única autonomía que ha recurrido esta norma, ya que también lo han hecho Andalucía y Galicia, comunidades igualmente gobernadas por el PP. No obstante, tras este pronunciamiento, es previsible que sus recursos también decaigan.

El Ejecutivo madrileño dirigido por Isabel Díaz Ayuso defendía que el nuevo tributo invade su autonomía política y financiera, además de vulnerar los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad. Cabe recordar que, en Madrid, el Impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% desde hace ya varios años. Andalucía se sumó a esta política en 2022, mientras que Galicia elevó este año la bonificación hasta el 50%, frente al 25% anterior.