Este nuevo sistema se aplicará a las organizaciones dedicadas a la acogida de solicitantes de protección internacional y también a las que se dedican a la atención humanitaria.

Impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el real decreto que contiene el nuevo reglamento establece un anticipo del 50% en la financiación a las entidades concertadas al inicio del acuerdo, y la liquidación periódica del resto del importe en función de los costes incurridos.

De esta forma, el nuevo sistema de financiación busca promover la eficiencia, el intercambio de información entre el Ministerio y las entidades y la evaluación del cumplimiento de objetivos.

Durante su fase de audiencia pública, este texto recibió aportaciones de 21 organizaciones y entidades, según informaron desde el Ministerio.

TRES FASES

Destacan que una de las principales mejoras de la nueva normativa para incrementar la eficiencia del sistema de acogida es la adaptación de las prestaciones e itinerarios de acompañamiento a cada persona, mediante el establecimiento de tres etapas diferenciadas.

La primera es de valoración y derivación y durará un máximo de 30 días. En ella, se estudiarán las necesidades específicas de cada persona y, en función de ellas, se establecerá el recurso al que será derivada. Durante esta fase, el Ministerio de Inclusión proveerá de alojamiento y cubrirá todas las necesidades básicas de la persona en recursos de alojamiento colectivos. Para la entrada en el sistema, se determina un indicador objetivo de ausencia de medios económicos, equivalente al Ingreso Mínimo Vital para una unidad familiar compuesta por un adulto que en 2022 está situado en 5.899,6 euros anuales.

En la etapa de acogida, se proporcionará a los beneficiarios un itinerario de acogida e inclusión con la vista puesta en la adquisición gradual de su autonomía. Esta fase tiene una duración máxima prevista de 6 meses, aunque puede prorrogarse en función de las circunstancias específicas de cada persona. El Ministerio les proveerá de alojamiento en el recurso que se haya determinado más adecuado durante la fase anterior.

Finalmente, la fase de autonomía consiste en la continuación del itinerario individualizado en la etapa previa pero fuera del centro de acogida, de forma que la persona reciba el apoyo necesario para su plena inclusión en la sociedad. En este caso, la duración máxima es de 6 meses, prorrogables otros 6 para las personas reasentadas. También se prevén ayudas económicas para alquiler.

Desde el Ministerio apuntan por último que el reglamento incrementará la seguridad jurídica del sistema, ya que actualiza y centraliza distintas normas de diferente rango dispersas en el ordenamiento jurídico español en un único real decreto.