Según informó Justicia, la nueva norma actualiza el protocolo establecido en 1997 y se tienen en cuenta así los cambios producidos desde entonces en la legislación, la Administración, la sociedad y las propias ciencias forenses.

La adaptación que contempla este real decreto permite, por un lado, adecuar las funciones y los procedimientos a aplicar a la normativa vigente a los estándares internacionales, al uso de nuevas tecnologías y a las circunstancias y necesidades de las personas detenidas, especialmente las más vulnerables.

EFICACIA Y SEGURIDAD

Por otro lado, la norma también asegura la eficacia y la seguridad del servicio público, así como la excelencia de la actuación de la medicina forense en los servicios prestados por los institutos de medicina legal y ciencias forenses de España.

Además, el real decreto se sitúa en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las recomendaciones tanto del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, como del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Finalmente, el protocolo podrá adaptarse a las características y circunstancias de cada instituto de medicina legal y ciencias forenses. Asimismo, podrá ser aplicado por los servicios de clínica forense de los institutos a la persona detenida que esté bajo la jurisdicción de juzgados y tribunales, así como a disposición de las Fiscalías.