La creación de este registro de medios la anunció el pasado septiembre el Gobierno dentro de una treintena de medidas recogidas en el 'Plan de Acción por la Democracia'.

Ahora, el Ejecutivo da luz verde a la creación de ese registro mediante un anteproyecto de ley por el que se traspondrá el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación (EMFA, por las siglas en inglés de European Media Freedom Act).

López dijo que el registro de medios, “que exige Europa”, servirá para evitar una concentración de medios que pueda restringir el uso plural de un espacio finito, como el espacio radioeléctrico. "Habrá que ver con Europa y con la CNMC dónde se ponen los límites a la propiedad de los medios", subrayó el ministro.

El anteproyecto prevé la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para la creación de un "registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público", en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional. El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona. Se crearán además registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.

Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente, según informó el Ministerio en un comunicado.

VERIFICACIÓN

Según explicó López, el anteproyecto también incorpora a la normativa nacional el reglamento europeo de servicios digitales (DSA), cuyo cumplimiento también dependerá de la CNMC, que será la autoridad nacional encargada de este cometido en España en la condición de organismo “coordinador de servicios digitales”.

Las plataformas de servicios digitales deberán tener un canal de denuncia de contenidos ilícitos, informar sobre los criterios de sus algoritmos y tomar medidas para impedir la manipulación electoral mediante suplantación de identidades.

Óscar López afirmó que se trata de “una ley importante que nos refuerza a todos” en nuestros derechos fundamentales y en los digitales, y “más en un contexto como el actual, donde estamos viendo retrocesos en la verificación de redes sociales”.

A estas dos trasposiciones de los reglamentos de servicios digitales y registro de medios, López avanzó que se sumará en breve la del reglamento comunitario de inteligencia artificial.