Este órgano regulador será independiente y actuará con plena autonomía de la Administración General del Estado y tendrán la función de consolidar la total separación de las funciones de regulación y control sobre el sector postal, y las de gestión del Servicio Postal Universal.

La Comisión Nacional del Sector Postal tendrá personalidad jurídica propia, así como plena autonomía para desarrollar las funciones de regulación del sector postal. Contará con un régimen jurídico singular, como otros órganos reguladores (Comisión del Mercado de Valores, de Energía o de las Telecomunicaciones), y desarrollará sus funciones "con total independencia".

De esta forma, este organismo vigilará la prestación de un Servicio Postal Universal "de calidad, a precios asequibles en todo el territorio nacional, y que se responsabilice de la protección de los derechos de los ciudadanos, de preservar la transparencia del mercado, y garantizar el acceso abierto a la red pública".

Entre otras funciones, la Comisión concederá y revocará las autorizaciones para prestar servicios postales, determinará el coste neto del Servicio Postal Universal y gestionará el Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal.

Asimismo, inspeccionará el funcionamiento de los servicios postales e impondrá sanciones a los operadores en caso de incumplimiento de las obligaciones legales.