Ambas normas serán remitidas entonces al Congreso de los Diputados para que comience su tramitación parlamentaria.

“Cuidemos a los que nos cuidan. Esto, que se aplica, lógicamente, a los sanitarios y a las personas que nos cuidan cuando estamos en una situación de dependencia, también se aplica a nuestros ecosistemas, también se aplica a nuestros bosques. Por eso, queremos recuperar la ley de agentes ambientales y la ley de bomberos forestales”, apuntó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en declaraciones facilitadas por su departamento.

Ribera apuntó que el Gobierno pedirá la tramitación urgente de ambas normas en el Parlamento para que esas leyes básicas estén disponibles “antes del verano”, época que suele coincidir con la campaña contra los incendios forestales, “o a más tardar a la vuelta” del periodo estival.

Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas.

UN POCO DE HISTORIA

España lucha contra los incendios forestales desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la real orden de 1858, en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.

El de los agentes forestales y medioambientales es uno de los cuerpos de funcionarios más antiguos de España. Nacieron por una real ordenanza de 1677, que estableció la necesidad de grupos de personas especializadas en la protección de masas arbóreas y la vigilancia de animales salvajes.

Los antecedentes más cercanos de estos agentes son la Guardería Forestal del Estado, creada con la Ley de Montes de 1966, y los sistemas de vigilancia del agua de las confederaciones hidrográficas.

Sin embargo, las comunidades autónomas han asumido las competencias con el cobijo de la Constitución de 1978, con lo que actualmente hay divergencias de las condiciones laborales al no existir un contenido básico común para todo el país.