Hermosín señaló que las pérdidas superarán los 50.000 millone de pesetas, sin incluir los desperfectos en las infraestructuras y bienes municipales, el patrimonio histórico y las instalaciones deportivas y turísticas.

El portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, agregó que la administración regional no tiene capacidad financiera para atender el coste de los daños, si bien habilitará algunas partidas y permitirá un mayor endeudamiento de sus empresas públicas para atender las primeras necesidades.

Además, el Ejecutivo regional ha aprobado un primer paqete de medidas que incluyen la autorización de subvenciones a los ayuntamientos para el alquiler o realojo de las 2.000 familias afectadas, la modificación de un crédito de 1.000 millones en la Consejería de Obras Públicas para garantizar la seguridad de las carreteras y el desbloqueo de los caminos rurales en el campo andaluz.

La Junta de Andalucía quiere que el Gobierno de José María Aznar se acoja al mismo decreto que la administración socialista dictó en 1989 para atender las necesidades del tempoal.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres, reiteró que el Ejecutivo central aprobará un decreto de ayudas a finales de febrero, aunque eludió pronunciarse sobre el porcentaje que la administración central asumira para cubrir el coste de los daños.

Torres Hurtado se ha entrevistado hoy con una delegación de Izquierda Unidad de Andalucía, encabezada por Antonio Romero, en la que le han pedido que el Gobierno apruebe un PER extraordinario para que los ayuntamientos puedan acer frente a sus pérdidas.

El jueves, la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno en Andalucía mantendrán una reunión para consensuar una evaluación conjunta de los daños y el viernes el Gobierno andaluz comparecerá ante la Diputación Permanente del Parlamento autónomo para explicar las medidas a adoptar.