El Ejecutivo hace esta reflexión en su respuesta a la iniciativa particular de María Cornejo, que solicitó en el Congreso de los Diputados la abolición de la investigación, fabricación y comercio de armas.

La respuesta recuerda que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de todos los países a su legítima defensa en caso de agresión, lo que justifica la existencia de los ejércitos y la fabricación de armamento militar.

"El comercio exterior de material de deensa y de doble uso, siempre que esté debidamente regulado y controlado, es un comercio que garantiza la seguridad y defensa de todos los países pacíficos", continúa el texto.

Además, el Ejecutivo indica que el comercio de armas permite "desarrollar acuerdos internacionales de defensa y profundizar en las relaciones políticas de los países aliados".

Igualmente, el Gobierno destaca que, desde el punto de vista industrial, este tipo de investigaciones permiten un fuerte desarrollo tecnológico, muy uperior al del resto de los sectores, que acaba por beneficiar a todos los ámbitos de la sociedad.

Recuerda, en este sentido, que muchos descubrimientos de uso civil en la actualidad tuvieron su origen en investigaciones militares, como es el caso del radar, la criptografía o Internet.