Según el escrito de conclusiones defiitivas, el fiscal Carlos Castresana ante la falta de patrocinador, el presidente del Atlético de Madrid y también alcalde de Marbella, Jesús Gil, insertó en las camisetas del equipo futbolístico el logotipo de Marbella.

La exhibición del logotipo "Marbella" en las camisetas del Atlético de Madrid, sin la autorización del ayuntamiento, se produjo en las temporadas futbolísticas, 1990-1991, 1991-1992 y 1992-1993. "El Ayuntamiento no fue consultado ni prestó su autorización para tal exhibición publicitria", sostiene el fiscal.

Siempre según el escrito del fiscal, en junio de 1992, el Atlético de Madrid pasó a convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva de la que eran accionistas mayoritarios Jesús Gil y Enrique Cerezo. Un año después, la situación financiera del club rojiblanco era de "quiebra técnica"

Los inculpados Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y Enrique Cerezo "no querían o no pudieron desembolsar el capital necesario para equilibrar financieramente la sociedad mercantil", por lo qu decidieron urdir una estratagema para solventar la situación.

Así, los antes mencionados y otras dos personas más, decidieron confeccionar en junio de 1993 dos contratos de esponsorización" (exhibición publicitaria mediante precio) relativos a las temporadas 1991-1992 y 1992-1993 y fechados en julio de 1991 y julio de 1992, a fin de aparentar que habían sido suscritos al comienzo de las referidas temporadas.

Según dichos contratos, el Ayuntamiento de Marbella debía pagar al Atlético de Madri 450 millones de pesetas (225 por cada uno de los años) por la exhibición publicitaria insertada en las camisetas de los jugadores del equipo. Además, los acusados elaboraron dos decretos municipales que autorizaban tal gasto, así como un reconocimiento de deuda por parte del consistorio.

Por estos hechos, el fiscal pide para el hijo del alcalde de Marbella, Miguel Angel Gil Marín, 23 años de prisión, 33 de inhabilitación y multa de más de 1.400 millones de pesetas. Le acusa de falsedad en documentopúblico, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por este caso también están acusados el ex abogado de Gil, José Luis Sierra Sánchez; el vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el director gerente de Eventos 2.000, Modesto Perodia Cruz-Conde; los teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román Zurdo, Rafael González Carrasco y Julián Muñoz; el presidente y el vicepresidente del Sevilla, Luis Cuervas y José María del Nido, respectivamente.

Todos elos se enfrentan a penas que oscilan entre los 4 y los 13 años de prisión, así como a inhabilitaciones de entre 7 y 35 años.