Según el escrito de acusación del fiscal Carlos Castresana, ante la falta de patrocinador, el presidente del Atlético de Madrid y también alcalde de Marbella, Jesús Gil, insertó en las camisetas del equipo futbolístico el logotipo de Marbella, sin que el ayuntamiento hubiese sido consultado ni hubiese dado su autorización.

La exhibición del logotipo "Marbella" en las camisetas del Atlético de Madrid, sin la autorización del ayuntamiento, se produjo en la temporadas futbolísticas, 1990-1991, 1991-1992 (en la que los jugadores lucieron en su uniformes la leyenda "corrupción no") y 1992-1993.

Siempre según el escrito del fiscal, en junio de 1992, el Atlético de Madrid pasó a convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva de la que eran accionistas mayoritarios Jesús Gil y Enrique Cerezo, quienes desembolsaron el capital social necesario para esta tranformación, "pero sólo de manera aparente".

"El dinero correspondiente al desembolso de Gil fue ingreado en una cuenta abierta a nombre del Atlético de Madrid Sociedad 'en transformación' en el Banco de Vitoria, en la que sólo tenía firma este acusado", explica el fiscal. "Enrique Cerezo Torres lo ingresó en una cuenta abierta a nombre de la Sociedad Atlético de Madrid 'en constitución' en el Credit Lyonnais, en la que él mismo era el único autorizado para disponer".

Así, en junio de 1993, la situación financiera del Atlético de Madrid S.A. era crítica y estaba "completamente descapitalizada", ya quelos fondos nunca llegaron a la sociedad, sino que "fueron transferidos inmediatamente a favor del propio Jesús Gil y Gil, en virtud de deudas preexistentes que Cerezo, en representación del Club, había reconocido".

"El equipo estaba abocado a su disolución como sociedad anónima y a su descenso a la categoría de 2ªB, no profesional, a menos que el balance fuese equilibrado mediante una aportación económica muy importante, ya que tampoco era posible reducir el capital social para compensar pérdidas", die el fiscal.

ESTRATAGEMA

Para evitar todo esto, sin necesidad de desembolsar dinero alguno, los dos acusados, junto con otras tres personas, entre las que se encuentra el hijo de Jesús Gil, decidieron confeccionar en junio de 1993 dos contratos de "sponsorización" (exhibición publicitaria mediante precio) relativos a las temporadas 1991-1992 y 1992-1993 y fechados en julio de 1991 u julio de 1992, "a fin de aparentar que habían sido suscritos al comienzo de las referidas temporadas".

Según dichs contratos, el Ayuntamiento de Marbella debía pagar al Atlético de Madrid 450 millones de pesetas (225 por cada uno de los años) por la exhibición publicitaria insertada en las camisetas de los jugadores del equipo. Además, los acusados elaboraron dos decretos municipales que autorizaban tal gasto, así como un reconocimiento de deuda por parte del consistorio.

En 1995, los acusados decidieron "posibilitar el pago" del crédito inexistente de 450 millones de pesetas ideado dos años antes y que habían oultado hasta entonces a la contabilidad municipal y a Hacienda.

En diciembre de 1995, el alcalde en funciones, Pedro Román Zurdo, firmó los decretos municipales (redactados por el abogado de Gil) que autorizaban el gasto de 450 millones de pesetas y su pago al Atlético de Madrid S.A. Deportiva.

El entonces concejal de Hacienda, Rafael González Carrasco, "a sabiendas de la ilicitud de su proceder", ordenó al interventor que pagase los 450 millones de pesetas al Atlético de Madrid. S.A. Deportiva. Durante las temporadas 1993-1994 y 1994-1995, incapaz de encontrar un anunciante con el que contratar la publicidad que debía insertar en las camisetas de su jugadores, "optó por reiniciar la exhibición del logotipo de 'Marbella".

Esta vez, se elaboró un contrato antedatado entre el hijo de Gil, en representación del Atlético de Madrid, y Modesto Perodia, en representación de Eventos 2000 S.L., sociedad mercantil constituida por el Ayuntamiento de Marbella en 1992.

CAMBIO DE PLANES

Aunque e acuerdo estaba previsto para cinco temporadas y preveía el pago de 150 millones de pesetas por cada una de ellas, sólo se ejecutó el primer año, ya que Gil decidió que la "sponsorización" del Atlético se realizaría a través de Sociedad Española de Fútbol Profesional S.A.(SEFP), creada por la Liga de Fútbol Profesional, de la que él era vicepresidente.

Así, el Atlético de Madrid suscribió un acuerdo con la SEFP, pero ésta, a su vez, firmó otro con Eventos 2.000, con el consentimiento de Modesto Perodi, "a sabiendas de que el propósito de tal novación era únicamente el de proporcionar mayores beneficios al alcalde de Marbella".

En este sentido, el fiscal explica que, "al intermediar la Liga de Fútbol Profesional, el Atlético de Madrid reducía la deuda que mantenía con la citada Liga de Fútbol Profesional, y además mejoraba la aportación que le correspondía recibir del Plan de Saneamiento de clubes de fútbol profesional".

Castresana también acusa a Gil de realizar contratos de "sponsorización" rregulares con el Club de Baloncesto Joventut de Badalona y el Sevilla Fútbol Club S.A. Deportiva.

El fiscal pide para el hijo de Gil 27 años y medio de prisión y 79 años de inhabilitación (42 de ellos para empleo o cargo público) por falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además, el fiscal pide que los once acusados del caso indemnicen de forma solidaria al Ayuntamiento de Marbella con 1.170 millones de pesetas, sin contar los 40millones que debe pagar el presidente del Atlético de Madrid al consistorio.