De esta forma, Castresana comunica al juez la opinión que le merece la propuesta del interventor del Atlético de Madrid, Luis Romassanta, de levantar la medida judicial que pesa sobre el club rojiblanco.

Romassanta argumenta, entre otras cosas, que el Atlético de Madrid es viable, aunque a corto plazo va a necesitar liquidez, y la intervención judicial impide que lo bancos concedan a la entidad los créditos que necesita.

En su escrito, Castresana cuestiona todos y cada uno de los argumentos utilizados por Romassanta a favor de levantar el control judicial de la gestión del Atlético de Madrid. Para el fiscal, la medida cautelar ha ayudado económicamente al club. "¿Por qué el interventor interesa entonces que se alce una medida que está resultando tan saludable para la empresa", se pregunta.

Castresana tacha de "confusa" la disertación que Romassanta realiza cerca de la intervención judicial y le acusa de "rebasar ostensiblemente los términos del encargo" que le confirió el juez para que analizase las medidas legales decretadas contra el club y de emitir una opinión sobre cuáles considera más adecuadas.

"¿Qué estima el interventor que podría o debería hacer el Atlético que no pueda hacer por estar intervenido? ¿Cuáles son las características que hacen al fútbol profesional un sector 'singular'?", se pregunta Castresana. "¿Hay alguna singularidad que haga ue los empresarios futbolísticos deban recibir un trato procesal diferente del que corresponde a cualquier cuidadano?".

Castresana señala que, si bien es cierto que, como dice Romassanta, el Atlético de Madrid es el único club de fútbol profesional que se encuentra intervenido judicialmente, también lo es que se trata del "único, que sepamos, que se encuentra en la situación de que quienes pretenden ser sus propietarios en un 95% no lo son en realidad".

MAS RAZONES

En su opinión, no se puede leantar la intervención judicial, teniendo en cuenta que "se trata de una entidad con un volumen de negocios de miles de millones de pesetas anuales, [...], que recibe cada año multimillonarias asignaciones económicas del Estado [...] y que está administrado por imputados en prisión provisional eludida mediante prestación de fianza, quienes, indiciariamente no son los propietarios".

Para Castresana, sería "ilusorio" sustituir la intervención judicial por "un control financiero posterior", como propone Rmassanta, y argumenta que este último tendría que realizarse con la información financiera que facilitasen los implicados en este caso. "Precisamente están imputados por haber falseado sistemáticamente las cuentas del club desde 1992", recuerda.

Tras analizar los argumentos en favor y en contra, el juez instructor del "caso Atlético", Juan del Olmo, deberá decidir si mantiene la intervención judicial decretada sobre la entidad deportiva.

La actual intervención judicial fue decretada el 11 de abri del año pasado, cuando se revocó la administración judicial ordenada el 21 de diciembre de 1999 por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió admitir a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó tres días antes contra Jesús Gil y otras seis pesonas más por un presunto fraude que Castresana cifró entonces en 9.427 millones de pesetas.

El juez dictó recientemente un auto por el que concluye la investigación del caso, y sostiene que hay indicios para proceder contra Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y el vicepresidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delitos societarios y otorgamiento de contratos simulados.