Así lo avanzó en una entrevista en Servimedia, en la que censuró que el Gobierno central no les haya dado “ni un euro” para afrontar la catástrofe natural del pasado 29 de octubre, y en la que arremetió contra el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez por “despreocuparse” y “no gestionar” las dificultades de los españoles para acceder a un hogar.

La rebaja del ITP fue uno de los compromisos que los 11 presidentes autonómicos del PP sellaron con Feijóo en la ‘Declaración de Asturias’ firmada el pasado 12 de enero en Oviedo. En la actualidad, el tipo general en la Comunidad Valenciana se sitúa 10%, pero hay una bonificación para los menores de 35 años, que pagan un 8% si el valor del inmueble es superior a los 180.000 euros, y un 6% si es inferior.

“Nosotros ya lo tenemos al 6% y seguiremos trabajando. Esto quiere decir que depende de cómo estemos financieramente cada una de las comunidades, pero ese esfuerzo ya lo hemos hecho”, avisó Camarero. El acuerdo, de hecho, no recoge ningún marco temporal y fuentes de la dirección del PP confirmaron a Servimedia que no existen plazos.

“Vamos a ir trabajando hasta llegar a ese 4%”, añadió la consellera, pero “la Comunidad Valenciana es la peor financiada junto con Murcia y tenemos un problema añadido, y es que con los gastos extraordinarios que tenemos que afrontar para recuperar todo el daño que ha hecho la dana… Nosotros no hemos recibido un euro del Gobierno de España, nos deja endeudarnos, pero no nos da ni un euro”, apuntaló Camarero al tiempo que recordó que el Fondo de Liquidez Extraordinario (FLA) siguen sin estar aprobado, lo que tensiona aún más las cuentas de la Generalitat. “Estamos evidentemente en negociaciones con el Gobierno de España y esperemos que sea un lapsus que se corrija lo antes posible”, añadió.

Al margen de la situación financiera de la Generalitat Valenciana y la rebaja del ITP en la compra de viviendas de segunda mano para menores de 40 años, Camarero defendió revisar la fiscalidad del parque inmobiliario porque, según aseguró, “un 30%” del valor de las casas y los pisos son impuestos.

Por otro lado, avanzó que el gobierno autonómico prevé modificar sus leyes autonómicas para “reorganizar” el suelo público y reducir los tiempos en la concesión de licencias evitando que se “eternicen”, con el objetivo de agilizar la construcción y estimular la oferta. Y recordó que el ‘Plan Vive’ de la Comunidad Valenciana prevé la construcción de 10.000 viviendas durante los cuatro años de legislatura con una reserva del 40% para jóvenes. En estos momentos, hay 1.600 inmuebles en licitación.

OKUPACIÓN

En otro orden de cosas, la consellera de Vivienda se refirió también a la okupación y aseveró que, cuando tomó posesión, se encontró con 1.800 de las 15.000 viviendas sociales de la región ocupadas ilegalmente. Ante este fenónemo, confirmó que la Generalitat prohibirá a los ‘inquiokupas’ ser usuarios de los planes autonómicos de vivienda social.

También desveló la vocación del Gobierno de Mazón de “cambiar las normativas” existentes para “aportar seguridad jurídica” a los pequeños propietarios, a los que también ofrecerá asesoramiento que puedan tomar las medidas oportunas en el caso de sufrir una ocupación. “No hay más oferta de vivienda cuando hay pisos cerrados por el problema de la seguridad jurídica. Por lo tanto, si queremos solucionar el problema de la vivienda, especialmente del alquiler, tenemos que dar seguridad a los propietarios de que se van a pagar los alquileres y de que sus viviendas no van a estar okupadas”, añadió.

Por último, criticó el aval anunciado por el Gobierno para propietarios con viviendas okupadas porque, a falta de concretar la medida, ya ha avanzado que la gestión de las comunidades. “Pues estamos como siempre, ellos invitan a la fiesta, pero que paguen y gestionen las comunidades autónomas, con el volumen de gestión que ya tenemos... Resuelve poco tener un Ministerio de Vivienda que no se preocupa de verdad del mayor problema que tenemos todos, que es el de la vivienda”, declaró.

“Si el dinero que nos cuesta al Ministerio de la Vivienda nos lo repartiesen a las comunidades para solventar los problemas de la vivienda, mejor nos iría. Yo le insto al presidente del Gobierno a que cierre el Ministerio de la Vivienda y que nos dé el dinero y nosotros nos organizamos y gestionamos”, declaró.